BRIDGEPORT.- El juicio del senador estatal de Bridgeport, Dennis Bradley, acusado de una conspiración para defraudar el sistema electoral limpio de Connecticut, comenzó esta semana.
Ha pasado un año desde que Bradley y su tesorera de campaña, Jessica Martínez, se declararon inocentes de los cargos de intentar obtener alrededor de 180 mil dólares en subvenciones públicas mientras tergiversaban las finanzas de la campaña ante los reguladores electorales.
Los cargos se derivan de un evento de lanzamiento de campaña el 15 de marzo de 2018, realizado en el restaurante Dolphin’s Cove de Bridgeport.
Según la acusación, Bradley eludió los requisitos de informes electorales limpios al afirmar que el evento de campaña estaba relacionado con su bufete de abogados Bradley, Denkovich & Karayiannis.
Bradley utilizó el evento para anunciar su candidatura, pero las divulgaciones financieras de su campaña a los reguladores electorales omitieron el evento y sus costos.
En una declaración el año pasado, el entonces fiscal federal interino Leonard Boyle dijo que Bradley y Martínez violaron las reglas “luego se involucraron en un extenso encubrimiento para ocultar su comportamiento ilegal y recibir fondos públicos adicionales”.
Bradley está acusado de tergiversar el cumplimiento de las leyes y restricciones estatales de elecciones limpias para calificar para una subvención de campaña primaria de 84 mil 140 dólares, e intentar calificar para una subvención de elección general adicional de 95 mil 710 dólares.
Bradley nunca recibió la segunda subvención, pero ganó las elecciones y superó a su oponente republicano con el 87% de los votos.
Si son declarados culpables, ambos podrían enfrentar hasta 20 años o más de prisión.
El año pasado, el presidente del Senado, Martin Looney, despojó a Bradley de todas sus asignaciones en comités.
Martínez también está acusado de mentirle al FBI y al gran jurado que dictó una acusación en el caso hace un año. No logró separar su caso del de Bradley, por lo que será un juicio conjunto en el tribunal federal de Bridgeport.
Los mensajes de texto entre los dos son solo algunas de las pruebas que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos planea presentar en el caso.
Tina Manus, voluntaria de la campaña, se declaró culpable en octubre pasado de un cargo de fraude electrónico. Manus accedió a cooperar en la investigación en curso y fue liberada al pagar una fianza de 150 mil dólares. .
El juicio de Bradley es la tercera demanda electoral presentada contra una campaña de Connecticut en la última década, pero la primera se centró únicamente en el programa de elecciones limpias de Connecticut.
