HARTFORD.- La administración del gobernador Ned Lamont quiere vender la deuda tributaria pendiente del Estado a agencias privadas de cobranza, pero la Asamblea General no está lista para aceptar eso, al menos no todavía.
La Cámara de Representantes enmendó un proyecto de ley, el jueves pasado, que habría autorizado al Department of Revenue Services a seguir la ruta privada.
En cambio, ordenó a la agencia que estudiara cómo funcionaría el proceso e informaría a los legisladores el próximo enero.
El proyecto de ley revisado, que ahora se dirige al Senado, también ordenó al Department of Revenue Services y a la oficina del fiscal general que informen antes del próximo 15 de febrero cuánto en pagos de impuestos atrasados habrá recuperado el Estado por sí mismo, a través de demandas, en el año calendario de 2022.
“Si bien los municipios hacen esto todo el tiempo, ningún estado lo ha hecho antes”, dijo el representante Sean Scanlon, demócrata por Guilford, copresidente del Comité de Finanzas, Ingresos y Bonos, poco después de la votación en la Cámara.
Y si bien las opciones para mejorar la recaudación de impuestos deben analizarse seriamente, Scanlon agregó: “Creo que nuestro caucus desea más información sobre este proyecto de ley”.
La enmienda que reemplazó la autorización para usar la recolección privatizada con un mandato para proporcionar más información, fue aprobada por voto de voz en la Cámara con un apoyo abrumador de ambos partidos.
“Las prácticas agresivas no son desconocidas en el mundo del cobro de deudas”, comentó la representante Holly Cheeseman de East Lyme, republicana de la Cámara de Representantes en el Comité de Finanzas, quien dijo que los legisladores de ambos partidos temen las tácticas que podrían usar algunas empresas privadas de cobro.
Muchas personas que se atrasaron en sus impuestos en medio de la pandemia de coronavirus y la inflación vertiginosa no quieren engañar al Estado, agregó.
Y el Internal Revenue Service’s Taxpayer Advocate Service está de acuerdo con Cheeseman.
Una oficina independiente dentro del Internal Revenue Service (IRS) encargada de ayudar a los contribuyentes, clasificó las cobranzas privatizadas como uno de los “problemas más serios” del IRS en su informe de 2017 al Congreso.
Alrededor del 44% de todos los contribuyentes a los que se dirigen las agencias privadas de recaudación en nombre del IRS “corren el riesgo de sufrir dificultades económicas”.
El ingreso medio de los hogares objetivo de las agencias de cobro que luego firmaron acuerdos de pago a plazos para pagar su deuda fue de 38 mil 21 dólares, según el informe.
“Con una frecuencia inaceptable. Los contribuyentes cuyas deudas se asignan a las PCA (agencias privadas de cobro) se colocan en acuerdos a plazos que no pueden pagar”, agregó el Internal Revenue Service’s Taxpayer Advocate Service,
Mark Boughton, el comisionado del Department of Revenue Services del Estado, señaló que los declarantes que ganan alrededor de $38,000 al año tendrían poca o ninguna obligación tributaria estatal sobre la renta en Connecticut, que ofrece varios créditos y exenciones para ayudar a los hogares más pobres.
Pero en Connecticut, donde el costo de vida es mucho más alto en relación con otros estados, una familia puede ganar más de 38 mil dólares por año y seguir luchando.
United Way of Connecticut estima que un hogar con dos adultos y dos niños pequeños debe ganar 90 mil 660 dólares anualmente para pagar alimentos, servicios públicos, vivienda, atención médica y de niños y otras necesidades básicas de “supervivencia”.
Informó a principios de este mes que el 42% de todos los niños en este Estado viven en hogares que ganan menos de este umbral.
Boughton precisó que la administración podría querer perseguir la recaudación de impuestos privatizada de una manera diferente a como lo ha hecho el IRS.
En lugar de contratar una agencia privada para recaudar el dinero para el Estado, el Departamento busca vender la deuda, por centavos de dólar, a una empresa o empresas privadas.
El Estado entonces queda fuera del proceso, y les toca a las empresas privadas cobrar lo que puedan.
Connecticut tiene más de mil 200 millones de dólares en deuda tributaria, gran parte de la cual tiene más de 10 años, que considera incobrables o no rentables.
