NORWALK.- La American Civil Liberties Union of Connecticut (ACLU-CT) exigió al estado de Connecticut que suspenda de inmediato el uso de cámaras lectoras automáticas de matrículas (ALPR) hasta que se establezcan salvaguardias legales que impidan el mal uso de los datos recopilados.
Las cámaras están instaladas en múltiples comunidades del Estado, y permiten registrar vehículos al pasar por determinados puntos.
Los departamentos de policía las utilizan para investigar delitos y personas desaparecidas, pero la ACLU-CT advirtió que también conllevan un riesgo de vigilancia masiva que puede afectar a cualquier conductor.
Entre los argumentos de la ACLU-CT se encuentra que estos sistemas pueden recolectar y compartir información sobre el desplazamiento de personas sin su conocimiento, lo cual podría ser usado para imponer vigilancia sobre comunidades vulnerables como inmigrantes, personas LGBTQ+ o quienes buscan atención reproductiva o de afirmación de género.
El grupo exige una moratoria hasta que la ley Trust Act y otras leyes estatales garanticen que los datos no sean vendidos, compartidos o utilizados para persecución, y que haya transparencia sobre qué se recopila, con qué fines, por cuánto tiempo y quién tiene acceso.
Por su parte, la oficina del gobernador Ned Lamont dijo estar abierta a considerar “protecciones adicionales” para asegurar que los datos no se usen ilegalmente o en violación de la Trust Act. Sin embargo, hasta ahora, la Asamblea General demócrata del Estado no ha respondido públicamente a la solicitud de la ACLU-CT.
La preocupación crece también por la participación del sector privado en estas tecnologías: la empresa Flock Safety, proveedora de muchos sistemas ALPR, ha sido señalada por contratos que podrían implicar “licencia perpetua” para compartir datos policiales con agencias estatales y federales.
En Connecticut no existe un registro estatal que documente cuántas cámaras hay o cómo se gestionan los datos, algo que la ACLU-CT considera un gran vacío regulatorio.
