HARTFORD.- Una auditoría reciente reveló que el Departamento de Transporte de Connecticut no autorizó con antelación el pago de horas extra rutinarias ni el tiempo compensatorio en más del 80% de los casos revisados durante los años fiscales 2021 y 2022.
El informe señala que, de 47.5 horas contratadas de horas extra no emergentes revisadas, el 85% no contaba con documentación de aprobación previa; y de 46.25 horas de tiempo compensatorio, el 80% carecían también del preaviso oficial requerido.
Aunque la agencia dijo que todos los pagos de horas extra y compensatorios fueron formalmente aprobados mediante el sistema de nómina Core-CT, los auditores advirtieron que la ausencia de registros previos imposibilita verificar con certeza en qué momentos se autorizó el trabajo adicional.
La auditoría abarcó además otros problemas. Se identificaron pagos de primas por remoción de nieve y hielo efectuados fuera del periodo válido, que normalmente va del 1º de noviembre al 30 de abril. Estos pagos indebidos representaron pequeños montos totales, pero fueron señalados como ejemplo de controles débiles.
También se observaron deficiencias en los servicios de ferry que administra el Departamento de Trabajo: los auditores hicieron viajes de prueba y constataron que los empleados que cobraban tarifas no siempre entregaban recibos, tanto a los conductores como a peatones, lo que dificulta asegurar que todos los ingresos sean recaudados y depositados correctamente.
Otro hallazgo involucra contratos con consultores: de ocho contratos examinados al azar (con un valor total de 4.6 millones de dólares), para proyectos no relacionados con construcción, en dos casos no se presentó documentación que respalde la selección de los consultores.
En respuesta al informe, la agencia reconoció las falencias y se comprometió a revisar sus políticas para garantizar que las horas extra y el tiempo compensatorio no emergentes sean aprobados anticipadamente. Además, mencionaron que estaban colaborando con la Oficina de Tecnología de la Información para mejorar el sistema de registro de preaprobaciones.
Legisladores estatales expresaron preocupación por estos hallazgos, subrayando que el dinero de los contribuyentes debe estar mejor protegido. Instaron al Departamento a implementar controles internos más sólidos y a revisar si otras agencias del Estado enfrentan problemas similares.
