NEW HAVEN.- Más de cuatro años después de su muerte, la familia de Richard Lapointe recibirá una indemnización de casi 5.9 millones de dólares del estado de Connecticut por su encarcelamiento injusto de un cuarto de siglo que terminó en 2015, cuando se revocó su condena por la violación y el asesinato de la abuela de 88 años de su esposa.
El caso de Lapointe se convirtió en una causa célebre y recibió amplia publicidad por parte de defensores de los discapacitados y celebridades, incluidos los escritores Arthur Miller y William Styron, que pidieron su liberación.
Lapointe, que murió a los 74 años en 2020, tenía el síndrome de Dandy-Walker, una rara malformación cerebral congénita que sus abogados creen que fue un factor en su falsa confesión del crimen.
La indemnización otorgada por la oficina del comisionado de reclamaciones del Estado, que ahora pasa a la legislatura para su aprobación, fue emitida el 2 de enero después de años de batallas legales entre los abogados de Lapointe y la oficina del Fiscal General del Estado. Lapointe nunca fue declarado inocente, pero las dos partes finalmente acordaron llegar a un acuerdo, lo que llevó a la indemnización.
“La indemnización no es de ninguna manera una compensación adecuada por lo que se le hizo a Richard Lapointe”, declaró su abogado, Paul Casteleiro. Dijo que el estado destruyó su vida “por un crimen que no cometió”.
La indemnización, dijo, “es un reconocimiento por parte del Estado del mal que cometió al procesar y encarcelar a un hombre inocente. Lamentablemente, Richard no vivió lo suficiente para presenciar su reivindicación final”.
En su decisión, el comisionado de reclamaciones Robert Shea dijo que su oficina estuvo de acuerdo en que la indemnización es razonable y apropiada”. La agencia decide si las personas pueden presentar demandas contra el Estado o recibir dinero bajo la ley de encarcelamiento injusto del Estado.
Bernice Martin, la abuela de la esposa de Lapointe, fue encontrada apuñalada, violada y estrangulada en 1987 en su apartamento en llamas en Manchester, a unas 10 millas (16 kilómetros) al este de Hartford.
Lapointe, un lavaplatos, fue declarado culpable de asesinato en 1992 y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de liberación, con evidencia clave que incluía confesiones que hizo durante un interrogatorio de 9 horas y media por parte de la policía de Manchester.
Sus abogados argumentaron que su discapacidad mental lo hacía vulnerable a dar confesiones falsas, y alegaron que la confesión fue forzada sin ningún abogado defensor presente.
La Corte Suprema del Estado dictaminó 4-2 en 2015 que Lapointe fue privado de un juicio justo porque los fiscales no revelaron notas de un oficial de policía que podrían haber respaldado una defensa de coartada. Más tarde ese mismo año, los fiscales dijeron que nuevas pruebas de ADN no implicaban a Lapointe y a todos los cargos fueron retirados. Nadie más ha sido acusado por el asesinato.
Diez días después del fallo del tribunal, Lapointe fue liberado y salió del juzgado de Hartford con una camiseta negra que decía “Yo no lo hice”. Levantó las manos en señal de triunfo.
Casteleiro dijo que el caso destruyó a la familia de Lapointe, que lo rechazaba. Antes del asesinato, Lapointe y su esposa, que también tiene una discapacidad mental, “estaban haciendo una vida juntos. Les iba bien”.
Ella se divorció de él después de su arresto y él perdió todo contacto con su hijo, que era pequeño en ese momento.
Después de ser liberado de prisión, Lapointe comenzó a sufrir demencia, fue colocado en un asilo de ancianos en East Hartford y murió después de un ataque de COVID-19, dijeron sus abogados.
A lo largo de los años, recibió el apoyo de una variedad de defensores, incluidos los grupos Friends of Richard Lapointe y Centurion, una organización con sede en Princeton, Nueva Jersey, para la que trabaja Casteleiro y que ayuda a los condenados injustamente.
