HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont promulgó, el martes pasado, una serie de cambios destinados a reducir los costos de atención médica, incluida una nueva tarjeta de descuento para medicamentos recetados y una expansión de la prohibición de ciertas tarifas de instalaciones.
La nueva ley también busca detener las prácticas que dificultaban que las aseguradoras y los pacientes accedieran a una atención de alta calidad a costos más bajos.
“Sé lo que es sentarme con una paciente y ayudarla a tratar de averiguar a qué pruebas de laboratorio o medicamentos puede renunciar y cuáles puede pagar, a pesar de que todos le han sido recomendados”, manifestó la directora ejecutiva de la Oficina de Estrategia de Salud, Deidre Gifford, durante una ceremonia de firma del proyecto de ley, en el Capitolio.
La nueva ley fue el subproducto de las negociaciones entre Lamont, la industria hospitalaria, los defensores de los pacientes y la legislatura.
A pesar del amplio alcance de la ley, incluso los defensores reconocieron que es solo un paso para controlar los costos de atención médica.
Lamont, por ejemplo, tuvo que renunciar a los límites de costos cuando las personas tienen que buscar atención fuera de la red.
Aun así, promocionó la nueva ley como cambios que producirán ahorros reales para los pacientes.
Uno de los primeros cambios que verán los residentes de Connecticut es una nueva tarjeta de descuento para medicamentos recetados.
“Estamos tratando de hacer algo para brindarle un poco más de opciones, asegurarnos de que sea un poco más transparente y asegurarnos de obtener el mejor valor por su dólar”, expresó Lamont.
Connecticut se une a un consorcio, junto con otros tres estados, para ofrecer a todos los residentes una tarjeta de descuento que será aceptada en la mayoría de las farmacias.
El contralor Sean Scanlon dijo que la tarjeta, que espera esté disponible este otoño, ofrecerá un descuento de hasta el 20% para medicamentos de marca y hasta el 80% para versiones genéricas.
El Estado también está ampliando las limitaciones en las tarifas de las instalaciones que cobran los hospitales y las redes de salud por los servicios ambulatorios que se brindan fuera del campus del hospital. A partir del 1º de julio de 2024, la prohibición incluirá ciertos servicios, incluidas las estancias de observación, que no se brindan en las salas de emergencia.
La ley también permitirá que la Oficina de Estrategia de Salud imponga multas de hasta mil dólares por infracciones.
Ni Gifford ni Scanlon tienen estimaciones de cuánto esperan que ahorre el paciente típico con la nueva ley.
Otros cambios incluyen un esfuerzo por tomar medidas enérgicas contra ciertas prácticas anticompetitivas, como la estratificación y la dirección.
Las aseguradoras pueden ubicar a los proveedores de atención médica en niveles preferenciales cuando brindan una mejor atención a precios más bajos. Sin embargo, las redes de salud más grandes a veces han utilizado su tamaño para obligar a las aseguradoras a ubicar a todos sus proveedores en los niveles más altos, independientemente del costo o el desempeño.
Esta ley prohíbe que las redes incluyan estas cláusulas en sus contratos. La ley también prohíbe las llamadas “cláusulas de todo o nada” que obligan a las aseguradoras a incluir en un plan a todos los proveedores de una red de salud o a ninguno.
Otras prácticas prohibidas por la ley incluyen el uso de incentivos por parte de las aseguradoras para dirigir a los pacientes a proveedores de mayor valor y cláusulas de mordaza que anteriormente impedían a los proveedores revelar precios, términos y otra información relevante a los pacientes.
