HARTFORD.- Si Adam Lanza viviera, habría tenido derecho a la fianza.
Eso se debe a que la Constitución de Connecticut dice que los tribunales pueden negar la libertad bajo fianza solo a las personas acusadas de cometer delitos capitales, un cargo que fue derogado después de que se abolió la pena de muerte hace más de una década.
La excepción restante surge cuando alguien ya acusado de un delito grave viola sus condiciones de libertad previa al juicio.
En otras palabras, Lanza, el tirador de la Sandy Hook Elementary School que se suicidó, podría haber salido libre si hubiera tenido el dinero para pagar la fianza. También podría haberlo hecho Nicholas Brutcher, quien fue acusado de matar a dos policías de Bristol el año pasado antes de que le dispararan fatalmente.
Mientras tanto, las personas que no pueden pagar la fianza languidecen tras las rejas hasta que se resuelven sus casos, cuyos efectos están presentes en los casos de personas como Brandyn Grant-Ford, un hombre afroamericano que enfrentó un cargo de asesinato, una fianza de 500 mil dólares y gastó cuatro años en la cárcel hasta que un jurado lo declaró inocente.
Pero la infraestructura de libertad bajo fianza de Connecticut, donde los medios financieros determinan en gran medida quién permanece encerrado, podría sufrir cambios importantes ya que los legisladores están considerando la House Joint Resolution 261, una propuesta para enmendar la Constitución y permitir que el Estado establezca un sistema previo al juicio basado en el riesgo, así como como dar a la legislatura la autoridad para establecer términos adicionales en torno a la liberación previa al juicio.
La resolución fue aprobada por el Comité Judicial de la legislatura el mes pasado y fue remitida al Comité de Elecciones y Administración del Gobierno, donde espera otra votación.
“Este es un gran problema”, dijo Alex Tsarkov, director ejecutivo de la Comisión de Sentencias de Connecticut, una agencia independiente que realiza investigaciones sobre políticas de justicia penal.
La propuesta permitiría a los tribunales negar la libertad bajo fianza si encuentran que ninguna condición de libertad previa al juicio garantizaría razonablemente que la persona acusada de un delito comparecerá ante un juez cuando sea necesario, protegerá la seguridad de los demás o evitará que esa persona interfiera con el proceso de justicia penal.
Ese cambio podría llevar varios años.
Después de pasar por los comités apropiados, las enmiendas constitucionales deben pasar por la Cámara y el Senado con el apoyo de una mayoría de tres cuartos en un período legislativo, o una mayoría simple en dos períodos legislativos sucesivos.
Entonces, las enmiendas tienen que obtener el apoyo de la mayoría entre los votantes. En este caso, eso podría suceder tan pronto como las elecciones generales de 2024 o tan tarde como las elecciones de mitad de período de 2026.
Si suficientes residentes del Estado votan a favor de la enmienda, se convertiría en parte de la Constitución y daría luz verde a los legisladores para debatir y acordar cambios adicionales a la fianza. Pero si falla a manos de los votantes, todo el proceso comenzaría de nuevo.
Y aunque la resolución deja en claro que permitiría a los tribunales negar la fianza y otorgar a la legislatura el poder de establecer términos adicionales, es demasiado pronto para saber cómo los legisladores cambiarían el sistema, dadas las diferentes perspectivas entre las partes interesadas sobre cómo debería ser.
“Ciertamente es una conversación nacional que está ocurriendo prácticamente en todas las jurisdicciones del país, y en realidad llegamos muy tarde a este debate”, indicó Tsarkov.
Los sistemas de fianza en estados como Nueva Jersey, que después de años de debate en su mayoría se deshicieron de la fianza monetaria después de enmendar su constitución para establecer un sistema previo al juicio basado en el riesgo, brinda una idea de la dirección que podrían tomar los legisladores.
En Nueva Jersey, los jueces evalúan si una persona es puesta en libertad bajo palabra y bajo qué condiciones.
Desde el cambio, la población de la prisión preventiva del Estado ha disminuido junto con el crimen general y el crimen violento.
