NEW HAVEN.- El consultorio K-Assist, con sede en Hamden, propiedad de Kelly Stutzman, celebró un acuerdo de conciliación civil de más de 234 mil dólares con el gobierno federal y el estatal de Connecticut para resolver las acusaciones de que el consultorio violó las leyes federales y estatales de reclamos falsos, informó la Oficina del Fiscal General de Connecticut.
Según funcionarios federales, K-Assist, una práctica privada de salud del comportamiento que brinda servicios en el hogar en el área de New Haven, presentó reclamos fraudulentos a Medicaid por servicios de psicoterapia.
La práctica haría esto facturando a Medicaid por miles de horas de servicios que en realidad fueron realizados por personas sin licencia, según el fiscal general de Connecticut, William Tong.
La investigación sobre K-Assist también reveló evidencia de facturación repetida por servicios excesivos, incluidas cientos de fechas en las que Stutzman supuestamente brindó más de 12 horas de servicios de salud conductual en un solo día, señaló Tong.
Para resolver estas acusaciones, Stutzman y K-Assist acordaron pagar 234 mil 64 dólares para reembolsar al programa Medicaid por la conducta, que ocurrió entre el 1º de febrero de 2018 y el 1º de agosto de 2019.
Según la Ley de Reclamos Falsos, el gobierno puede recuperar hasta tres veces los daños reales, más multas de 13 mil a 27 mil dólares por cada reclamo falso, según funcionarios federales.
Además del acuerdo, Stutzman también fue procesado penalmente por la Unidad de Control de Fraudes contra Medicaid de la Oficina del Fiscal General del Estado de Connecticut y se declaró nolo contendre por fraude de seguros médicos.
Nolo contendré, en términos jurídicos significa que la parte demandada no presenta un argumento o explicación que se pueda usar para probar que no es culpable o responsable de algo.
Como parte de esta declaración, Stutzman pagará 63 mil 764 dólares en restitución y también acordó estar sujeto a una sentencia de prisión suspendida de tres años además de una descarga condicional de cinco años.
Tong comentó sobre el caso y dijo que “actuaremos enérgicamente para garantizar que nuestros dólares de Medicaid se utilicen de manera adecuada para el beneficio de los pacientes de Connecticut”
La comisionada designada del Departamento de Servicios Sociales de Connecticut, Andrea Barton Reeves, también comentó y calificó el fraude de “delito grave”.
