STAMFORD.- Una demanda que impugna una ley de Connecticut que permite al estado recuperar los costos de encarcelamiento de personas anteriormente encarceladas avanzará esta semana con un conjunto de nuevos demandantes, después de que un juez desestimó elementos de la misma el mes pasado.
Connecticut ha cobrado durante mucho tiempo las llamadas tarifas de pago por estadía de los ex reclusos después de que finaliza su período de encarcelamiento. Las tarifas ascienden a cientos por día, que el Estado puede reclamar contra la propiedad de alguien que estuvo encarcelado.
En 2021, el Estado evaluó más de 5.7 millones de dólares en costos penitenciarios, según la Oficina de Análisis Fiscal.
El año pasado, Teresa Beatty, residente de Stamford, demandó al Estado como demandante principal en una demanda colectiva respaldada por la American Civil Liberties Union (ACLU) que impugnaba la ley.
Beatty, que cumplió una condena de dos años y medio de prisión por cargos de drogas hace unos 20 años, heredó la casa de su madre en 2020, tras lo cual el Estado reclamó más de 83 mil 700 dólares en concepto de gastos de prisión de años anteriores.
Sin embargo, la legislatura estatal restringió la ley de pago por estadía durante la sesión del año pasado. Según los cambios, el Estado exime hasta 50 mil dólares de bienes, excepto para las personas condenadas por delitos graves como asesinato y agresión sexual.
Según la Oficina de Investigación Legislativa, la ley aún permite que el Estado reclame un derecho de retención de hasta el 50% del costo de encarcelamiento contra herencias.
Eso significa que Beatty tendría que pagar la casa que recibió tras la muerte de su madre.
El mes pasado, un juez de un tribunal federal otorgó una orden de sobreseimiento del caso, aunque dejó la puerta abierta para que continuara.
El juez Jeffrey Meyer concluyó que, si bien otros demandantes no pudieron demostrar una acción estatal en su contra, el reclamo de Beatty fracasó porque estaba dirigido indebidamente al Fiscal General del Estado cuando el Departamento de Servicios Administrativos presentó el reclamo en su contra.
“Si un demandante tiene una queja sobre la recaudación de impuestos del Departamento de Impuestos del Estado, no puede demandar, por ejemplo, al comisionado de parques estatales que carece de autoridad oficial para otorgar la desgravación fiscal solicitada”, escribió el juez.
Mientras tanto, Meyer dijo que los cambios recientes a la ley aparentemente resolvieron los reclamos hechos por otros demandantes, Michael Llorens y Karl Weissinger.
Una nueva denuncia, presentada el viernes pasado, elimina las referencias al fiscal general y, en cambio, está dirigida a la comisionada del Connecticut Department of Administrative Services (DAS), Michelle Gilman, y al comisionado de Corrección, Ángel Quirós.
También suma dos nuevos demandantes. Incluyen a Natasha Tosado, una técnica de farmacia de Hamden, que estuvo encarcelada entre 2016 y 2018. Tosado recibió una parte de un acuerdo con la ciudad de Bridgeport después de que un oficial de policía disparó y mató a su hijo, Jayson.
Otro nuevo demandante, Doug Johnson, un albañil de Branford, estuvo encerrado durante dos años entre 2002 y 2004. Johnson recibió herencias tras la muerte de su madre y su padre.
Según la demanda, el Estado busca más de 74 mil 600 dólares de Johnson y 83 mil 700 de Tosado. La demanda pide al tribunal que declare nulas esas deudas penitenciarias y miles de otras, así como que declare la inconstitucionalidad de la ley.
“Pagué muy caro el precio de mis acciones cuando perdí mi libertad, y pensé que mi deuda estaba pagada. Nadie me dijo que dentro de 20 años, el Estado nos pediría a mí y a mi familia que paguemos el precio nuevamente”, declaró Johnson en un comunicado de la ACLU de Connecticut.
