BRIDGEPORT.- La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) anunció que otorgará 73 millones 587 mil a Connecticut para financiar mejoras esenciales en la infraestructura de agua potable a través del Drinking Water State Revolving Fund (DWSRF).
Gracias a un aumento de 6 mil millones de dólares de la Ley de Infraestructura Bipartidista del presidente Joe Biden, la EPA está aumentando las inversiones disponibles para reconstruir la infraestructura de agua de la nación.
“Toda comunidad merece acceso a agua potable segura y limpia. Gracias a las inversiones históricas en infraestructura del presidente Joe Biden tenemos una oportunidad sin precedentes para revitalizar los sistemas de agua potable de los Estados Unidos, apoyar el objetivo de la Administración Biden-Harris de eliminar el 100% de las tuberías de plomo en todo el país y proteger a las comunidades de la contaminación por per-and polyfluoroalkyl substances (PFAS)”, manifestó el administrador de la EPA, Michael Regan
“La EPA está muy agradecida con la Administración Biden y con el Congreso por hacer posible las inversiones que ahora estamos haciendo para mejorar la infraestructura de agua potable en toda el área de Nueva Inglaterra, pero especialmente para garantizar que las comunidades históricamente desatendidas obtengan las inversiones y la protección ambiental que merecen. Los fondos brindarán beneficios para las comunidades de Connecticut para las generaciones venideras y representan una inversión en nuestros hijos y nietos, asegurándonos de que tengan acceso a agua potable limpia y saludable”, comentó el administrador regional de la EPA en Nueva Inglaterra, David Cash.
De acuerdo con el informe, la Administración Biden-Harris está comprometida con el fortalecimiento de la infraestructura de agua de la nación, al tiempo que proporciona recursos significativos para abordar los desafíos clave, incluido el cambio climático, los contaminantes emergentes como las sustancias de PFAS y la seguridad cibernética.
Las asignaciones del DWSRF a los estados se basan en los resultados de la 7ª EPA’s Drinking Water Infrastructure Needs Survey and Assessment (DWINSA).
La encuesta, requerida por la Ley de Agua Potable Segura de 1996, evalúa las necesidades de infraestructura de los sistemas públicos de agua de la nación cada cuatro años y los resultados se utilizan para asignar subvenciones de DWSRF a los estados. Las empresas de agua potable necesitan 625 mil millones de dólares en inversiones en infraestructura durante los próximos 20 años para garantizar la salud pública, la seguridad y el bienestar económico de la nación.
