BRIDGEPORT.- Un nuevo informe pide a las autoridades de vivienda pública que cambien ciertas políticas para evitar la exclusión de personas con antecedentes penales.
El informe de Prison Policy Initiative encuentra que algunas políticas de vivienda pública funcionan en contra de las personas que alguna vez fueron condenadas, por ejemplo, por usar marihuana.
Si bien es legal en 37 estados y en Washington DC, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) prohíbe el uso de la marihuana en viviendas públicas, ya que sigue siendo ilegal a nivel federal.
Wanda Bertram, estratega de comunicaciones de Prison Policy Initiative, dijo que el acceso a la vivienda es fundamental para ayudar a las personas a reiniciar sus vidas.
“Alguien que sale de prisión puede tener una gran cantidad de problemas en los que trabajar. Pueden tener un problema de salud, pueden tener un problema de consumo de sustancias o una enfermedad mental. Todos estos son problemas que prevalecen desproporcionadamente entre las personas que salen de prisión. Es posible que no tengan muchas perspectivas laborales, pero para comenzar para abordar todos esos problemas, necesitan un lugar para vivir”, explicó Bertram.
En Connecticut, la legislación para garantizar que los propietarios no discriminen a los infractores anteriores se estancó en la Asamblea General.
La “Ley de borrón y cuenta nueva” del Estado, que borra los antecedentes penales de quienes permanecen libres de delitos durante un período prolongado, entró en vigencia este año, pero solo se aplica a las personas condenadas por delitos menores.
El informe recomienda que las autoridades de vivienda pública podrían ser más inclusivas al eliminar largos “períodos retrospectivos” en la selección de posibles inquilinos y dar explicaciones claras sobre por qué a una persona se le negó la vivienda.
Bertram señaló que los cambios en el proceso de apelaciones también ayudarían a las personas con antecedentes penales.
“Con las autoridades de vivienda pública siempre hay, en teoría, una opción para apelar si se le niega”, reconoció Bertram.
“Debe haber una opción para que la autoridad revise su caso. Ahora, las autoridades deben garantizar básicamente esa opción para todos a quienes se les niega, incluidas las personas a las que se les niega en base a antecedentes penales”, agregó.
El HUD emitió una guía en 2016 y en 2022 para garantizar que las autoridades de vivienda pública no excluyan a las personas sobre la base de antecedentes penales, pero no hay una imagen clara de si están siguiendo la guía.
