STAMFORD.- Los fiscales generales de 20 estados de los Estados Unidos, entre ellos Florida y Texas, presentaron esta semana una demanda contra el programa del Gobierno del presidente Joe Biden de conceder 30 mil visados humanitarios a inmigrantes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití.
Los estados que demandaron fueron Texas, Florida, Alabama, Alaska, Arkansas, Idaho, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Ohio, South Carolina, Tennessee, Utah, West Virginia, y Wyoming.
La demanda busca que un juez federal bloquee el programa de parole humanitario para ciudadanos de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua con un patrocinador, implementado con el objetivo de detener la crisis en la frontera.
¿Por qué presentaron la demanda?
En su denuncia, liderada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, los demandantes argumentaron que ese plan permitirá la llegada de cientos de miles de inmigrantes a zonas de Estados Unidos que ya están “sobrecargadas”.
Y subrayaron que con esta iniciativa el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) está abusando de su autoridad para conceder permisos humanitarios.
A juicio de quienes emprendieron la acción, el plan del Gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en los Estados Unidos.
La demanda está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su titular, Alejandro Mayorkas, así como contra las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio y sus responsables.
Aparecen demandados los principales funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, de Inmigración y Ciudadanía, de la Patrulla de Protección de fronteras y el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
“Esperábamos una demanda claramente, pero es irónico porque la queja es que la frontera está fuera de control, y este es un buen programa que podría resolver la crisis en la frontera de una manera más efectiva”, declaró el abogado Joseph Malouf.
Por su parte, el abogado Santiago Alpízar, señaló que “los grupos conservadores quieren hacer una limitación de este programa de parole, que debe ser de carácter excepcional y caso por caso, y que debía haber sido transparentado a través de un proceso de análisis y discusión, antes de ser implementado”.
“Y ahora el juez tiene que, esencialmente, estudiar el caso, encontrar si hay o no razones humanitarias, que las hay en este caso. Sabemos que esa es la razón principal. Y también si esto es algo para el beneficio público. Y yo creo que también lo es, comparado con la entrada de personas de manera ilegal en la frontera”, agregó Malouf.
Pros y contras de la medida
En la demanda se argumenta que Florida sufriría una afectación de miles de millones de dólares por este programa, así como recursos estatales significativos, como educación pública y atención médica. Pero los abogados insisten en que está el rol financiero del patrocinador.
“La carga pública va a quedar eliminada, y eso beneficia al país. También beneficia tener la fuerza laboral, los trabajadores que ahora se necesitan”, dijo Malouf.
Pero la Fiscal General de Florida, Ashley Moody, afirmó que el programa de parole humanitario es una violación directa de la ley federal y ha manifestado que las acciones ejecutivas del Presidente han sido excesivas.
“Desde el primer día vimos una serie de órdenes ejecutivas y retrocesos de programas que estaban en lugar para asegurar la frontera”, comentó Moody.
Los expertos legales recomiendan tener paciencia y estar alertas. Continuar los procesos de solicitudes sin pausa, pero también sin prisa, ya que posiblemente quede en el limbo como ocurrió con la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).
La demanda, también impulsada por el grupo conservador America First Legal, defiende que el Gobierno no tiene derecho legal a otorgar ese permiso humanitario a los inmigrantes, sino que debe ser el Congreso quien lo haga “caso por caso” y “por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
Los demandantes afirman además que el Gobierno tiene un poder “excepcionalmente limitado” para otorgar este beneficio migratorio.
¿Es viable una suspensión del parole humanitario?
“El poder del parole del DHS es excepcionalmente limitado, ya que ha sido restringido por el Congreso en múltiples ocasiones, y solo puede utilizarse solo en caso por caso por razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”, señala el texto de la demanda.
A pesar de las restricciones, los estados republicanos firmantes aducen que “el plan del DHS permite que extranjeros en sus países de origen puedan obtener una autorización anticipada para ingresar a Estados Unidos, a pesar de que no haya otra base legal para que ello”.
Los reclamos fundamentales de la demanda como solicitud de reparación son:
* Suspender, posponer o prohibir preliminarmente la implementación del programa de parole.
* Tras un juicio sobre el asunto, se decrete que el programa de parole fue emitido en violación del debido proceso administrativo y, por lo tanto, debe anularse o, como alternativa, prohibir permanentemente que los demandados puedan implementarlo.
* Declarar que el programa de parole excede la autoridad estatutaria de los demandados para emitirlo.
* Conceder a los los Estados Demandantes los honorarios de sus abogados y las costos judiciales.
* Otorgar a los Estados demandantes todas las demás reparaciones a las que puedan tener derecho.
En su demanda, los fiscales argumentaron que ese plan perjudica a varios estados, como Texas, “que se gasta cantidades significativas de dinero para proporcionar servicios a extranjeros indocumentados, debido a las violaciones del Gobierno federal al rechazar aplicar la ley federal”.
También pusieron el ejemplo de Florida, que, alertaron, “quedará perjudicada de forma irreparable” por este programa, porque ya gasta “recursos estatales significativos” para proporcionar servicios a los inmigrantes indocumentados que acoge.
A su juicio, el plan del Gobierno federal debería ser declarado ilegal porque con él los demandados han excedido su autoridad para conceder este tipo de visados, y, además, no han tenido en cuenta si existe la capacidad para expulsar a los beneficiarios del programa una vez que se agote el permiso de dos años para estar en los Estados Unidos.
¿Por qué se lanzó el programa parole humanitario?
Biden anunció en octubre pasado, el programa de parole humanitario para los inmigrantes venezolanos y ucranianos, en un intento por controlar el éxodo en la frontera con México.
Al tiempo que ponía en marcha este sistema, anunció que los inmigrantes de esos países que intentaran solicitar asilo en la frontera serían devueltos, como le sucede a la mayoría, en virtud a la norma sanitaria conocida como Título 42.
El Gobierno amplió el programa en diciembre a los inmigrantes de Cuba, Nicaragua y Haití, estableciendo la admisión de 30 mil migrantes de esas nacionalidades cada mes siempre y cuando cumplan las condiciones (entre ellas, tener un patrocinador dentro del país).
De la misma forma, la expulsión exprés a México del resto de migrantes llegados a la frontera por el Título 42 se amplió también a estas nacionalidades.
