HARTFORD.- Los miembros de la coalición HUSKY 4 Immigrants se reunieron para exigir cobertura de atención médica para todos los inmigrantes, independientemente de su estatus.
Con el regreso de los legisladores al Capitolio, decenas de inmigrantes y defensores están alzando la voz.
La gente se reunió en el edificio de la Oficina Legislativa esta semana, renovando sus llamados para ampliar la cobertura de salud HUSKY.
Ese es un programa de Medicaid y quieren que cubra a todos los inmigrantes sin importar su estatus.
HUSKY es el programa de cobertura de salud pública del Estado para ciertos niños y adultos, y la coalición HUSKY 4 Immigrants lo ha ampliado con éxito en sesiones legislativas anteriores.
En 2021, el Estado aprobó una legislación para expandir HUSKY a los niños indocumentados hasta los ocho años y para cubrir la atención prenatal y posnatal para mujeres embarazadas indocumentadas.
Luego, en 2022, HUSKY se amplió aún más para cubrir a todos los niños indocumentados menores de 12 años. Sin embargo, los mayores de 12 años aún no son elegibles para la cobertura.
Los legisladores que presionan por una mayor cobertura de atención médica lo llaman un derecho humano.
“Estas personas son seres humanos, y son residentes de nuestro Estado, y debemos hacerlo mejor”, declaró la representante Jillian Gilchrest, (D) Distrito 18.
También dicen que, en última instancia, ahorraría dinero a los contribuyentes de Connecticut.
Además, la coalición HUSKY 4 Immigrants estima que expandir la cobertura a los inmigrantes indocumentados generaría 63 millones de dólares en ahorros para los hospitales debido a la reducción de los costos de atención compensada.
“Estas personas no tienen acceso a atención médica preventiva. Lo que eso significa es que se enferman mucho y luego van al departamento de emergencias, y luego nosotros, como Estado, pagamos cientos de millones de dólares”, indicó el Senador estatal Derek Slap.
Si la legislación para expandir HUSKY avanza, las familia se beneficiarían y sobre todo, el Estado ahorraría millones de dólares, manifestaron los defensores.
Gilchrest, quien es copresidenta del Comité de Servicios Humanos, apuntó que el proyecto de ley está dirigido a ese comité. Ella dice que los próximos pasos son elevar el proyecto de ley y celebrar una audiencia pública.
