NEW HAVEN.- Un grupo de derechos de armas de fuego está apuntando a las prohibiciones de armas de asalto y los límites a las capacidades de los cargadores de municiones, con demandas federales en varios estados, incluido Connecticut.
La National Association for Gun Rights presentó una demanda contra la ley de armas de fuego posterior a Sandy Hook de Connecticut, que prohíbe a la mayoría de las personas poseer rifles semiautomáticos y cargadores con más de 10 balas.
La demanda presentada por la organización y la residente de New Milford, Patricia Brought, afirma que “millones de ciudadanos respetuosos de la ley poseen y usan para fines legales armas de fuego semiautomáticas, como las armas de fuego prohibidas que actualmente poseen los demandantes”.
La demanda continúa afirmando que los estatutos estatales usan
una “retórica políticamente cargada” para describir los cargadores de municiones de “gran capacidad”. Dice que los cargadores de municiones pasan la prueba de “uso común” y no son excesivas, pero infringen el derecho de los demandantes a poseer y portar armas.
Si bien la ley aprobada en 2013 bajo el ex gobernador Dannel Malloy ha enfrentado desafíos legales anteriores, una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos abrió la puerta a nuevos litigios contra la ley.
Hace unos meses, el tribunal anuló el proceso de concesión de licencias de armas ocultas de Nueva York en una decisión de 6-3 escrita por el juez Clarence Thomas. Si bien la nueva demanda no cuestiona específicamente el proceso de licencia de armas de fuego, sí abrió la puerta a este tipo de nuevas demandas contra otros tipos de restricciones como las de la ley de Connecticut de 2013.
Después de esa decisión, el tribunal solo puede analizar el análisis histórico y si la regulación en cuestión es “consistente con la tradición histórica de regulación de armas de fuego de la Nación”.
“Si no existe una regulación histórica comparable preexistente, es probable que sea inconstitucional”, escribió la abogada del fiscal general de Connecticut, Cara Passaro, en un memorando de dos páginas en junio.
“Las consecuencias de esta decisión para la seguridad pública en todo el país y aquí en Connecticut son profundas”, indicó Passaro.
Agregó que “los redactores de la Constitución nunca podrían haber imaginado que el AR-15 se utilizaría para masacrar a niños y educadores en Sandy Hook. No sabían que las pistolas fantasma podían imprimirse en 3D en casa y no podían rastrearse cuando se usaban en delitos violentos. Nunca podrían haber imaginado que las armas de fuego se convertirían en la principal causa de muerte entre nuestros niños”.
La demanda fue criticada el viernes por el fiscal general de Connecticut, William Tong.
“Connecticut no puede y no permitirá que estas armas de guerra regresen a nuestras comunidades. No después de Sandy Hook, Uvalde, Buffalo, Parkland, Orlando y muchas otras tragedias sin sentido. Necesitamos leyes de seguridad de armas fuertes y de sentido común ahora más que nunca”, señaló Tong.
El gobernador Ned Lamont se unió a Tong en su promesa de defender la ley.
“Cuando se trata de la seguridad de la gente de nuestro Estado, debemos levantarnos y hacer lo correcto; es por eso que propuse fortalecer, no debilitar, nuestra ley de armas de asalto a principios de este año. Aplaudo las medidas que está tomando el fiscal general Tong para defender las leyes de prevención de la violencia armada de Connecticut en nombre de la gente de nuestro Estado”, declaró Lamont.
La organización presentó otras cuatro demandas la semana pasada desafiando las prohibiciones de rifles semiautomáticos y cargadores de alta capacidad en otros estados y municipios. Presentó demandas en Massachusetts, Hawái, así como en Naperville y Highland Park, Illinois.
“Este bombardeo legal a nivel nacional tiene como objetivo acabar con todas las prohibiciones de armas semiautomáticas y cargadores de capacidad estándar para siempre”, comentó la organización en su sitio web.
Pidió una medida cautelar contra cada una de las respectivas prohibiciones.
