HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que promulgó la Public Act 22-115, que actualiza los estatutos de justicia penal de Connecticut, para permitir que las fuerzas del orden público y los tribunales brinden respuestas más rápidas y efectivas a los jóvenes acusados de robar repetidamente vehículos motorizados y otros delitos.
En combinación con mayores inversiones en el presupuesto estatal recientemente aprobado, las respuestas mejoradas implementadas bajo la ley ayudarán a conectar a los jóvenes con servicios y tratamiento para reducir la reincidencia.
“Estas actualizaciones a los estatutos de justicia penal de Connecticut hacen que los procedimientos de arresto y delincuencia juvenil sean más rápidos con más información para que las cortes la revisen, brindan respuestas más intensivas al pequeño número de menores con cargos graves y repetidos, y reestructuran las leyes de robo de vehículos motorizados para enfocarse en las personas con ofensas anteriores”, manifestó Lamont.
“Esta legislación bipartidista muestra lo bueno que surge cuando los legisladores de ambos lados del pasillo buscan puntos en común para desarrollar soluciones juntos. Connecticut es un estado seguro, y mantenerlo seguro requiere mejoras continuas en las políticas e inversiones en las áreas necesarias”, agregó el Gobernador.
Al comienzo de la sesión legislativa, el gobernador Lamont presentó la legislación ((Senate Bill 16) que contiene varias disposiciones que luego se incorporaron a esta ley pública cuando los legisladores estatales lograron un acuerdo bipartidista. Varias disposiciones incluidas en la Public Act 22-115 son:
* Hace que los procedimientos de arresto y delincuencia juvenil sean más rápidos y efectivos
– Requiere que los jóvenes arrestados, pero no detenidos sean llevados ante el tribunal dentro de los cinco días hábiles.
– Aumenta de seis a ocho horas la cantidad de tiempo que se puede retener a un joven si la policía está esperando una decisión judicial sobre una orden de detención o está tratando de localizar a un padre o tutor.
– Otorga a los policías municipales que investigan a un menor acceso a registros electrónicos que contienen cargos pendientes en todo el Estado y 90 días de registros de arrestos anteriores.
– Permite que los tribunales ordenen formalmente que se evalúe a un joven para recibir servicios.
* Brinda respuestas más intensivas al pequeño número de menores con cargos graves y repetidos.
– Amplía el expediente especial de libertad condicional juvenil para incluir delitos de homicidio y armas de fuego.
– Permite a los tribunales ordenar el monitoreo por GPS de un joven acusado de una segunda o subsiguientes ofensas de vehículos motorizados.
* Centra las penas por robo de vehículos motorizados en personas con delitos anteriores.
– Establece una nueva estructura para los robos de vehículos motorizados con sanciones que se vuelven más graves para infracciones posteriores en lugar de basar las sanciones en el valor del vehículo.
Además de esta legislación, el proyecto de ley de ajuste presupuestario que el gobernador Lamont promulgó esta primavera (Public Act 22-118) realiza varias inversiones significativas, utilizando las autorizaciones de la American Rescue Plan Act (ARPA) y las asignaciones estatales, para aumentar la seguridad pública, que incluyen:
* 11.4 millones de dólares para estrategias y asociaciones dirigidas por las fuerzas del orden para rastrear las armas de fuego recuperadas hasta su fuente, reducir los autos robados y la violencia, ampliar el apoyo a las comunidades que experimentan un aumento en los delitos violentos y promover la seguridad en los caminos rurales.
* 7.5 millones de dólares para estrategias dirigidas por la comunidad y la salud pública para prevenir y reducir la violencia armada.
* 4.1 millones de dólares para actualizaciones de tecnología de ciencia forense para acelerar y mejorar la investigación y aclaración de casos penales.
* 3.3 millones para proporcionar a los menores en riesgo acceso a servicios y programas de desvío.
