NEW HAVEN.- Los pueblos y ciudades de Connecticut están gastando millones de dólares de fondos de estímulo federal para instalar sistemas de vigilancia policial en las comunidades locales, lo que permite a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley rastrear más fácilmente los movimientos de las personas y potencialmente resolver delitos.
Los registros públicos muestran que al menos cinco municipios del Estado han asignado millones de dólares, proporcionados a través de la American Rescue Plan Act, para equipar a los departamentos de policía locales con una variedad de tecnología de vigilancia, lo que ha generado preocupaciones sobre la privacidad y las libertades civiles en el pasado.
Las compras del nuevo equipo de vigilancia fueron ampliamente apoyadas por los líderes electos locales en muchas ciudades, pero en algunos casos, el gasto provocó preguntas entre los residentes locales sobre si los fondos federales podrían utilizarse mejor.
Al final, New London asignó más de 366 mil dólares para cámaras de vigilancia, que grabarán continuamente imágenes en partes de la ciudad.
Norwich presupuestó 350 mil dólares para expandir su red existente de cámaras. West Hartford asignó 500 mil dólares para sistemas de cámaras similares, que se colocarán en “puntos estratégicos” en toda la ciudad.
El ayuntamiento de Newington dedicó 283 mil dólares a los lectores automáticos de matrículas, que registrarán el número de matrícula y la imagen de cada vehículo que pase por las ocho intersecciones principales de la ciudad.
Y en New Haven, la Junta de Concejales votó para gastar 3.8 millones de dólares en más de 500 nuevas cámaras y otros 1.2 millones en la red ShotSpotter de la Ciudad, que se supone que ayuda a los oficiales a reconocer e identificar la ubicación de los disparos.
Ese tipo de herramientas de vigilancia no son nuevas para las fuerzas del orden público de Connecticut. Varios de los departamentos de policía más grandes del Estado han adoptado ampliamente una tecnología similar durante la última década.
Pero el dinero federal que inundan las ciudades de Connecticut en este momento probablemente haga que tales sistemas de vigilancia sean más comunes en todo el Estado, especialmente en municipios más pequeños donde los presupuestos policiales anuales no son tan grandes.
Patrick Daley, el jefe de policía de Norwich, dijo que su departamento ya tenía planes de agregar más cámaras de vigilancia, pero que al pueblo le habría llevado años financiar esas compras sin el dinero federal.
El uso de los fondos federales de estímulo para comprar equipos de vigilancia policial está dentro de las pautas de la la American Rescue Plan Act.
De hecho, la administración del presidente Joe Biden alentó a los gobiernos locales a gastar dinero de esa manera a principios de este año y señaló que ya se habían gastado 450 millones de dólares en herramientas policiales a nivel nacional.
Pero no todo el mundo está tan interesado en la idea de ampliar los poderes de vigilancia de la policía local.
La American Civil Liberties Union (ACLU) y organizaciones similares han expresado su preocupación en los últimos meses sobre la proliferación de herramientas de vigilancia policial en todo el Estado.
Claudine Constant, directora de política pública y defensa de la ACLU de Connecticut, argumentó que la compra de cámaras de vigilancia y lectores de matrículas fue una “reacción instintiva” a las preocupaciones de la gente sobre el crimen.
Constant, quien anteriormente se desempeñó en el Concejo Municipal de Hartford, cuestionó si agregar o expandir las redes de vigilancia es la estrategia más efectiva para hacer que las comunidades sean más seguras.
