HARTFORD.- Los miembros de Connecticut’s Health Care Future, una coalición de aseguradoras de salud, hospitales y empresas, cuestionaron si los legisladores de Connecticut han hecho lo suficiente este año, para proteger a los maestros y empleados municipales de los aumentos en las primas de los seguros de salud.
“A pesar de los repetidos rescates de los contribuyentes, el Connecticut Partnership Plan continúa siendo un Titanic fiscal que demuestra por qué los programas de salud controlados por el gobierno son inasequibles e inestables”, señaló la organización.
La oficina del Contralor del Estado administra el Connecticut Partnership Plan, que tiene más de 64 mil miembros, incluidos maestros, empleados municipales y sus dependientes.
Josh Wojick, director de políticas, beneficios y servicios de salud en la Oficina del Contralor, dijo que cree que el plan es sostenible.
Dijo que la tasa de pérdidas médicas para 2020 y 2021 fue de 94.4% y 91.2%, respectivamente, y no el 103.7% citado en un informe de Brown & Brown Insurance.
Dijo que los reclamos han aumentado, pero está en relación directa con el COVID-19 y el impacto de la variante ómicron.
Dijo que el déficit de casi 40 millones de dólares que tenía el plan a finales de 2021 estaba directamente relacionado con el COVID-19.
Se espera que las primas aumenten un 10.5% para 2022, pero dijo que eso no es inesperado y espera que las aseguradoras comerciales privadas soliciten a los reguladores estatales aumentos similares cuando presenten sus solicitudes a finales de este verano.
Wojick dijo que el déficit estaba directamente relacionado con los tratamientos y pruebas de COVID-19 que ya se les dieron a los empleados municipales.
Ellen Andrews, directora del CT Health Policy Project, dijo que el plan no parece ser sostenible.
“A pesar de años de ajustes y recursos estatales significativos, no es sostenible. El déficit no está mejorando. Subvencionar los costos de atención médica de los municipios podría ser una prioridad para el Estado, pero esa decisión debe debatirse públicamente y sopesarse frente a otros usos de esos fondos”, comentó Andrews.
Ella dijo que no hay mucha transparencia sobre lo que está haciendo el Estado para cubrir estos déficits.
Wojick dijo que han sido transparentes y han planteado el problema al Cost Containment Committee, que es una entidad pública.
Andrews dijo que todavía es difícil saber “si estamos obteniendo lo que estamos pagando”.
Existe el temor entre la industria de que los legisladores busquen expandir el Connecticut Partnership Plan para crear una opción pública que permita a las pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro unirse.
Hubo pocas o ninguna mención en esta última sesión legislativa de una opción pública y la legislación nunca terminó de materializarse.
En 2021, la legislación para crear una opción pública murió al principio de la sesión.
En ese momento, el ex contralor del Estado, Kevin Lembo, le dio crédito a la industria de seguros de salud por sus esfuerzos de cabildeo y publicidad contra la legislación como una de las razones de su muerte.
“La gente de Connecticut debería encontrar eso inaceptable y también deberían estar muy preocupados de que funcionara. Los legisladores culparon al gobernador Ned Lamont por no apoyarlo”, finalizó Lembo.
