BRIDGEPORT.- Después de décadas de inercia, Connecticut ahora se está moviendo para ayudar a miles de niños envenenados con plomo y evitar que miles de otros niños pequeños sean dañados por la neurotoxina generalizada.
De acuerdo con el informe, el Estado dirigirá la mayor parte de sus esfuerzos, y la mayor parte de 30 millones de dólares en dinero federal, hacia sus ciudades, cuyos niños han sido los más afectados por esta epidemia.
Al anunciar la asignación recientemente, el gobernador Ned Lamont señaló los efectos “catastróficos” del plomo en la salud y el desarrollo de los niños, y señaló que el envenenamiento por plomo es “un problema que afecta más profundamente a las comunidades minoritarias y desfavorecidas de nuestro Estado”.
Casi la mitad de los mil 24 niños reportados como envenenados con plomo en 2020 vivían en New Haven, Bridgeport, Waterbury, Hartford u otras ciudades, según cifras del Departamento de Salud Pública del Estado.
“El dinero es necesario para abordar un problema que es un error del pasado. Necesitamos hacerlo mejor en el estado de Connecticut”, comentó Manisha Juthani, comisionada del Departamento de Salud Pública del Estado.
Sin embargo, el impulso más duradero de las nuevas acciones del Estado es el fortalecimiento de sus leyes obsoletas sobre el plomo, a partir de 2023.
Los cambios aumentarán las intervenciones tempranas al:
- Reducir gradualmente los niveles de plomo en la sangre que activan las notificaciones a los padres.
- Reducir los recuentos de plomo en sangre que requieren inspecciones domiciliarias.
- Exigir pruebas más frecuentes a los niños que viven en áreas donde la exposición al plomo es más común.
Según la ley actual, no se requieren notificaciones a los padres a menos que el nivel de plomo en la sangre de un niño sea de 5 microgramos por decilitro o más. A partir del 1º de enero de 2023, el desencadenante de las notificaciones para padres será de 3.5 microgramos, el estándar adoptado por la Academia Estadounidense de Pediatría y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
Si el estado hubiera utilizado la nueva medida de los CDC de 3.5 microgramos en 2020, la cantidad de niños de Connecticut considerados envenenados con plomo se triplicaría a 3 mil.
Más significativo, quizás, es que para el 1º de enero de 2025, las investigaciones sobre dónde y cómo un niño ha sido envenenado se reducirán del límite actual de 20 microgramos por decilitro a 5 microgramos por decilitro.
Los 30 millones de dólares para el alivio del envenenamiento por plomo provienen de la parte estatal de la American Rescue Plan Act (ARPA) de 2021, la legislación de alivio por el COVID-19 de la administración Biden.
Juthani dijo que los fondos se gastarán en gran parte en remediar las viviendas que se determine que son la fuente del envenenamiento de un niño.
Reducir una sola casa o apartamento puede costar entre 12 mil y 15 mil dólares, indicó Juthani, y agregó que el dinero de ARPA remediará más de mil 500 unidades de vivienda.
“Es un comienzo. Es posible que esto no elimine el problema por completo, pero la esperanza es que podamos hacer algo significativo. Vamos a continuar explorando oportunidades de financiamiento que pueden ser federales o de con socios. Esto siempre va a ser una prioridad constante”, señaló Juthani.
El gobierno federal aprobó una medida de infraestructura bipartidista en 2021, asignando 3 mil millones de dólares durante los próximos cinco años para cubrir los costos de reemplazo de tuberías de agua revestidas de plomo en todo el país.
Connecticut y los demás estados están realizando inventarios para identificar las tuberías que deben reemplazarse.
“En este momento, tenemos alrededor de 18 mil en una lista de posibles líneas de servicio de plomo”, apuntó Lori Mathieu, jefa de la sección de salud pública del Departamento de Salud.
