STAMFORD.- Connecticut y otros estados que impugnan la reciente aprobación por parte de un tribunal de quiebras sobre el plan de liquidación del fabricante de OxyContin, Purdue Pharma, dijeron en documentos judiciales, presentados esta semana, que el supuesto desvío de miles de millones de dólares de la empresa por parte de la familia Sackler debería considerarse para revisión de parte de un tribunal federal de apelaciones.
De 2008 a 2018, los Sackler, dueños de la empresa en Stamford, transfirieron más de 10.7 mil millones de dólares de Purdue, lo que tuvo un impacto “enorme” en el balance general de la empresa y la riqueza de la familia, según un informe presentado por los estados de Connecticut, Delaware, Rhode Island, Vermont y Washington.
De 2008 a 2010, los Sackler tomaron distribuciones que equivalían a aproximadamente el 70 por ciento de los ingresos de Purdue cada año, y de 2011 a 2016, sus distribuciones anuales oscilaron entre el 40 y el 45 por ciento, de acuerdo con los documentos judiciales.
Los estados apeladores han formulado esas acusaciones como parte de su argumento de que los Sackler no deberían recibir “liberaciones de terceros” que los protegerían de las demandas actuales y futuras relacionadas con los opioides de Purdue, si se implementara el plan de liquidación de la empresa.
Las objeciones de esos estados a las posibles protecciones legales de los Sackler explican en gran parte por qué buscan que se anule la aprobación del plan por parte del juez federal de quiebras, Robert Drain, en septiembre pasado, una propuesta valorada por Purdue en más de 10 mil millones de dólares que resolvería miles de demandas, alegando que la empresa alimentó la crisis de los opioides con un marketing engañoso de OxyContin.
“Independientemente de las excusas creadas por abogados que ahora ofrecen los Sackler, no hay explicaciones inocentes para extraer miles de millones de Purdue frente a la creciente responsabilidad personal y esconderla en la Isle of Jersey y otros fideicomisos de protección de activos”, señalaron los estados en su informe.
“La conclusión es que este dinero estaría disponible para su distribución en esta quiebra sin la necesidad de una liberación si los Sacklers no lo hubieran sacado de Purdue y protegido de sus víctimas”, agregaron los estados apelantes.
A través de un portavoz, la familia del fallecido cofundador de Purdue, Mortimer Sackler, se negó a comentar sobre el último informe presentado por los estados apelantes.
Pero se refirió a los documentos judiciales presentados por los abogados de los Sackler que negaban que hubieran cometido irregularidades financieras.
“Nada en los registros financieros indiscutidos y extensos sugiere que las decisiones sobre las distribuciones se tomaron como parte de un plan secreto para obtener apalancamiento para las liberaciones en quiebra”, según un informe presentado esta semana en nombre de los miembros de la familia Mortimer Sackler, que serían cubiertos por las versiones de terceros.
“Por el contrario, el patrón de distribuciones aquí es, en cambio, totalmente consistente con los resultados comerciales de Purdue, incluida la repentina restauración a principios de 2008 de la patente de su producto clave (OxyContin) después de que Purdue hubiera estado sujeto a la competencia genérica, y las necesidades cambiantes en diferentes puntos en el tiempo”, prosiguió el informe.
Un portavoz de Purdue también se negó a comentar sobre el escrito de los estados de apelación, pero se refirió a los documentos presentados esta semana por los abogados de la compañía que decían que “el tribunal de quiebras determinó correctamente que las liberaciones de los accionistas (terceros) no son ‘abusivas’”.
Las liberaciones de terceros, que cubrirían a muchas otras partes, incluidos los miembros de la familia Sackler que no están directamente involucrados en Purdue, son una condición del acuerdo de los Sackler para contribuir con alrededor de 4.3 mil millones de dólares en efectivo al acuerdo.
Los Sackler, cuyo patrimonio neto familiar fue estimado el año pasado por Forbes en un total de casi 11 mil millones de dólares, no se declararon en bancarrota.
Colleen McMahon, la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Nueva York que está escuchando las apelaciones, ha indicado que está estudiando de cerca las protecciones legales propuestas para los Sackler.
Si bien los estados apelantes se oponen con vehemencia a los lanzamientos de terceros, su alcance no sería ilimitado. En particular, no prohibirían un posible enjuiciamiento penal.
En noviembre de 2020, Purdue, como empresa, se declaró culpable de tres cargos penales de conspiración para defraudar al gobierno y violar la ley contra las comisiones ilícitas. Sin embargo, no se acusó a ninguna persona en relación con esa declaración.
