STAMFORD.- La primera fase de un programa que brinda representación legal para inquilinos de bajos ingresos que enfrentan el desalojo comenzará en enero, informaron las autoridades.
La ley de Connecticut sobre el derecho a un abogado, aprobada en junio pasado, establece un programa que brinda a los inquilinos que ganan hasta el 80 por ciento del ingreso medio del área acceso a un abogado gratuito en los procedimientos de desalojo.
El programa está programado para comenzar en enero en las áreas del estado con las tasas más altas de desalojos, manifestó Natalie Wagner, directora ejecutiva de la Connecticut Bar Foundation.
La fundación es la agencia encargada de administrar el programa, explicó Wagner durante una sesión en la Connecticut Affordable Housing Conference, el lunes pasado.
Connecticut fue el tercer estado en aprobar una ley de derecho a asesoría para los inquilinos. Los dos primeros fueron Washington y Maryland, que también está trabajando en el lanzamiento de su programa.
Durante los desalojos en Connecticut, alrededor del 80 por ciento de los propietarios contratan a un abogado en el caso, mientras que menos del 7 por ciento de los inquilinos tienen representación, expresó el panelista Cecil Thomas, abogado de planta de Greater Hartford Legal Aid.
“El derecho a un abogado es el gran igualador”, comentó Justin Farmer, panelista y miembro del concejo municipal de Hamden.
Los primeros dos años del programa se financian con 20 millones de dólares en dinero de ayuda federal contra el COVID-19, expresaron los presentadores durante una conferencia sobre viviendas asequibles en Connecticut.
Durante las caídas económicas causadas por la pandemia, millones en todo el país se atrasaron en el pago del alquiler y los expertos pronosticaron una ola de desalojos.
Los programas de asistencia de alquiler de muchos estados han tardado en llevar dinero a los necesitados.
Después de un comienzo lento, el programa de Connecticut, UniteCT, ha acelerado su ritmo de distribución.
El Estado ha distribuido 139.9 millones de dólares de su asignación total en dos partes de 370.9 millones del gobierno federal para asistencia de alquiler y servicios públicos.
La pandemia ha puesto de relieve los riesgos de la inseguridad de la vivienda para muchas familias, expresó la panelista Sophie House, directora de leyes y políticas del Housing Solutions Lab at New York University.
“Tanto a corto como a largo plazo, los desalojos son perjudiciales para las personas, las familias y las comunidades”, comentó House, citando los resultados de salud y la dificultad para encontrar una vivienda en el futuro después de un desalojo presentado.
La conferencia de tres días fue organizada por Partnership for Strong Communities.
Las personas de color y las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por el desalojo, y se han presentado desalojos en su contra a tasas más altas que sus homólogos blancos y masculinos, indicó House.
Los inquilinos afroamericanos y latinos tienen más del doble de probabilidades de enfrentar desalojos que los inquilinos blancos.
Las mujeres tienen 1.4 veces más probabilidades que los hombres de enfrentar el desalojo, según la información presentada en la conferencia.
Abordar estas desigualdades fue una de las razones por las que los organizadores decidieron trabajar en un proyecto de ley sobre el derecho a un abogado, indicó Luke Melonakos-Harrison, miembro de la Connecticut Right to Counsel Coalition y Central Connecticut Democratic Socialists of America.
Es parte de un impulso mayor para empoderar a los inquilinos para que “luchen por el respeto y la dignidad básicos”, agregó Melonakos-Harrison.
En los próximos pasos para el programa del derecho a la asesoría, la Connecticut Bar Foundation se está asociando con grupos de servicios legales sin fines de lucro que brindarán representación a los inquilinos. Varios de esos grupos están contratando abogados para ayudar con el programa.
Stout Risuius Ross LLC también estudiará el impacto del programa durante los primeros dos años.
A partir del 1º de octubre, todos los propietarios y administradores de viviendas deben adjuntar un documento que advierta a los inquilinos sobre los recursos disponibles durante el desalojo, avisos de desalojo, citaciones judiciales de desalojo y avisos de terminación de subsidios del gobierno.
El documento está disponible en inglés y español, a través de la web https://jud.ct.gov/homepdfs/righttocounselnotice093021.pdf.
Más información sobre el derecho a un abogado estará disponible en línea en https://www.evictionhelpct.org/.
