HARTFORD.- El esperado anuncio del gobernador Ned Lamont hace unos días, de que buscaría un segundo mandato de cuatro años, no solo puso en marcha la campaña electoral de 2022 en Connecticut, sino que reavivó el problema perenne de la estructura fiscal del Estado y los posibles recortes o rebajas durante el año electoral.
Inundado con el dinero federal de estímulo pandémico, los ingresos por impuestos a las ventas más altos de lo esperado y un superávit de emergencia de más de 1.6 mil millones de dólares, Lamont debería estar en una posición privilegiada para ofrecer recortes de impuestos y hacerse querer por los votantes estatales en un momento en el que también goza de popularidad por su manejo de la pandemia de coronavirus, manifestaron los expertos.
Cuando se le preguntó qué podría proponer el próximo año, Lamont fue críptico (enigmático).
“Estoy pensando en eso y en su momento revelaré los planes que tengo para el próximo periodo si resulto electo”, comentó sonriendo en un evento no relacionado en Enfield.
Lamont hizo campaña sobre la exención de impuestos a la propiedad, que tiene una historia reciente compleja en Connecticut, principalmente en el aumento y la caída de un crédito en los impuestos estatales sobre la renta para los impuestos municipales a la propiedad, que el Gobernador no ha aumentado en medio de presupuestos ajustados.
El último Gobernador en servir solo un término fue Lowell Weicker, cuya histórica implementación de un impuesto sobre la renta personal en 1991 lo llevó a no buscar la reelección en 1994.
Max Reiss, director de comunicaciones de Lamont, reconoció que el Estado podría estar en condiciones de restaurar créditos de varios cientos de dólares en impuestos sobre la renta para los contribuyentes inmobiliarios locales.
En 2018, Lamont, aunque descartó un esfuerzo para poner fin al impuesto sobre la renta personal del Estado, dijo que quería restaurar el crédito que valía alrededor de 385 millones de dólares en desgravaciones fiscales para los residentes del Estado alrededor del año 2000.
“Si hay más que podamos hacer con el superávit, el Gobernador quiere examinar detenidamente el crédito fiscal a la propiedad. El alivio para los contribuyentes exprimidos es algo que buscará implementar”, precisó Reiss.
Sin acuerdo
Dependiendo de lo que, en todo caso, proponga Lamont en febrero, cuando vence su presupuesto para el año fiscal 2023, podría enfrentar la oposición de ambos lados.
Los liberales favorecen las medidas que ayudan a las familias de bajos ingresos más que los créditos fiscales directos, y muchos favorecen un mayor gasto en programas estatales.
Los conservadores favorecen las reducciones en las tasas reales de impuestos sobre la renta, las ventas y las ganancias corporativas.
Y todos están de acuerdo en la necesidad de reformas más profundas sobre cómo Connecticut aumenta los ingresos, aunque no sobre cómo hacerlo.
Fred Carstensen, profesor de finanzas y economía y director del Connecticut Center for Economic Analysis en la Escuela de Negocios de UConn, advirtió que a diferencia de un reembolso en efectivo, que puede ir inmediatamente a la compra y otros costos de vida, un crédito duele a los hogares de bajos ingresos que no pagan impuestos estatales sobre la renta, pero que soportan una pesada carga de los impuestos a la propiedad, incluidos los inquilinos.
“Sabemos que los impuestos de Connecticut, en conjunto, son muy regresivos, quizás los más regresivos de la nación”, dijo Carstensen, reconociendo que hay pocos detalles de las intenciones de Lamont.
“Agregar un crédito en el impuesto sobre la renta estatal beneficia solo a aquellos que pagan el impuesto sobre la renta: suburbanos y moderadamente acomodados y en gran parte blancos. Esta es la política clásica basada en clases. Excluye a los mismos hogares que soportan la carga más pesada: los de bajos ingresos y, a menudo, los hogares de color”, agregó Carstensen.
Un reembolso generalizado beneficiaría a todos los hogares, en particular a aquellos con ingresos más bajos, precisó.
“También alentaría a los hogares a presentar declaraciones a través de las cuales el Estado obtendría una mejor comprensión de la movilidad de los hogares y los patrones de empleo”, finalizó Carstensen.
