WEST HAVEN.- Un miembro de la Municipal Accountability Review Board (MARB) del Estado, que actualmente supervisa las finanzas de la Ciudad, resumió la frustración del panel por las acusaciones de que el dinero de los fondos federales de ayuda pandémica se desvió de manera fraudulenta.
“Esto se está volviendo un poco cansado”, señaló la junta.
El MARB es una junta estatal que ha tenido poder de aprobación sobre las finanzas de la Ciudad desde 2017 y ahora está considerando eliminar los fondos de reestructuración.
La Junta se estableció después de años de mala administración fiscal que colocó a la Ciudad en una situación financiera desesperada.
Desde entonces, la Junta ha elegido casi todos los gastos que la Ciudad autorizó, regateó los entresijos (dificultades) de los presupuestos e impuestos municipales anuales, y en ciclos presupuestarios pasados ha criticado las acciones y propuestas de la Ciudad para las perspectivas financieras y ha considerado apretar las riendas de West Haven sobre tiempo en lugar de aflojarlos.
La Junta, que tiene un representante que trabaja en el Ayuntamiento, también tiene la capacidad de ofrecer fondos adicionales a la Ciudad para que pueda implementar cambios estructurales para lograr la estabilidad fiscal.
Ahora, en medio de un escándalo financiero que hasta la fecha ha llevado al arresto de dos empleados de West Haven por supuestamente presentar facturas fraudulentas a la Ciudad para desviar fondos federales de la Ley CARES a sus cuentas bancarias personales, el MARB dice que hay áreas en las que la Ciudad está fuera del cumplimiento de su acuerdo con el Estado.
Para el panel estatal, que ha indicado que su paciencia está disminuyendo rápidamente a medida que se desarrolla el último problema financiero, los miembros dijeron que el presunto fraude se refleja mal en la supervisión y varios dijeron que apoyarían la retención de fondos de la Ciudad hasta que se realicen cambios.
“Hay demasiadas pelotas en el aire y no puedes atraparlas a la vez, y de ahí es donde surgen estos problemas”, comentó el miembro de la Junta, Stephen Falcigno.
“Son cuestiones básicas de las que hemos estado hablando durante los últimos dos años; se está volviendo un poco tedioso”, precisó.
El empleado de la Ciudad, John Bernardo, fue arrestado el jueves pasado y presentado ante el tribunal como la segunda persona acusada en el caso de fraude electrónico federal que anteriormente hizo que el exrepresentante estatal Michael DiMassa renunciara a su cargo electo y a su puesto en el Ayuntamiento. DiMassa (D-West Haven), también está acusado de fraude electrónico.
Los miembros del MARB no han discutido las acusaciones en detalle, tanto debido a una investigación federal en curso que condujo a los arrestos como a una auditoría forense encargada por la Oficina de Política y Gestión (OPM) del Estado. La OPM quiere que los auditores externos revisen cómo los funcionarios de West Haven gastaron los fondos de ayuda pandémica, incluido el uso de dinero para pagos compensatorios a los empleados.
El miembro de la Junta, Thomas Hamilton, dijo que el MARB debería retener los fondos de reestructuración hasta la conclusión de la investigación; varios miembros están de acuerdo, incluida la secretaria de la OPM, Melissa McCaw.
“El lenguaje contractual dice que a menos que cumplan con los requisitos (del Memorando de Entendimiento), los fondos no serán proporcionados”, precisó McCaw sobre la ciudad.
McCaw dijo que West Haven no cumple en varias áreas de su Memorando de Acuerdo con el MARB, incluida la contratación en el departamento de compras de la Ciudad. La Junta aún no tomó una decisión sobre la retención de fondos de West Haven, a la espera del resultado de la auditoría ordenada por OPM.
