HARTFORD.- Un aumento reciente de las ciudades de Connecticut que prohíben la próxima venta de cannabis recreativo refleja las tendencias en otros estados donde se ha legalizado la sustancia, según un regulador del estado de Washington, que habló el martes pasado con el Social Equity Council.
Desde junio, cuando Connecticut legalizó el cannabis recreativo, varios municipios han prohibido o retrasado su venta legal.
Las ciudades costeras como Clinton, Guilford, Madison y North Branford han tomado medidas para evitar las tiendas minoristas.
Mientras tanto, en la frontera de Massachusetts, Enfield también ha prohibido la venta de cannabis.
De acuerdo con los expertos, esos esfuerzos son proactivos y es probable que la industria minorista de cannabis del Estado no esté lista para lanzarse hasta dentro de un año, pero no son novedosos.
Algunas ciudades y condados del estado de Washington tomaron medidas similares después de que los votantes legalizaran el cannabis recreativo mediante una pregunta en la boleta electoral en 2012, según Rick Garza, director de la Washington’s State Liquor and Cannabis Board.
Durante una llamada de Zoom con miembros del Social Equity Council de Connecticut, Garza dijo que las prohibiciones eran una respuesta a la realidad política de su estado en ese momento.
Alrededor del 44% de los votantes se opusieron a la cuestión de la legalización del cannabis.
“No querían ver una sobresaturación de los puntos de venta de cannabis. La gente estaba preocupada. Vimos que las ciudades y los condados de todo el Estado, debido a que tenían la autoridad, estaban creando prohibiciones y moratorias para el cultivo, el procesamiento y la venta al por menor. Colorado vio lo mismo”, comentó Garza.
Garza dijo que esas políticas contribuyeron a una decisión estatal de establecer límites en la cantidad de licencias emitidas para varias empresas asociadas con el cultivo y venta de cannabis en Washington.
Los límites, combinados con una gran afluencia de solicitantes comerciales, dejaron a algunas comunidades, incluidas las comunidades más dañadas por la guerra contra las drogas, sintiéndose excluidas de la industria.
En muchos sentidos, la ley de Connecticut está diseñada expresamente para evitar la situación que describió Garza.
La ley requiere que la mitad de las licencias comerciales de cannabis vayan a solicitantes de áreas con altos índices de pobreza, condenas por drogas y desempleo.
El Social Equity Council es el encargado de orientar ese proceso.
El martes pasado, la copresidenta del panel, Andrea Comer, del Departamento de Protección al Consumidor del Estado, dijo que su agencia determinará en última instancia la cantidad de licencias comerciales emitidas en Connecticut en función de garantizar un equilibrio en el suministro de cannabis.
“La agencia buscará asegurarse de que no haya un exceso o un suministro insuficiente. Además, los pueblos tienen la oportunidad de decir ‘No queremos tener negocios de cannabis en nuestro municipio’. Así que eso también influirá en la zonificación. Obviamente, no podemos ubicar un negocio en una de esas ciudades o pueblos”, comentó Comer.
Garza dijo que Washington inicialmente tuvo algunas dificultades para equilibrar el suministro de cannabis para sus tiendas minoristas, lo que provocó fuertes fluctuaciones en el precio de la sustancia.
Al principio, los precios se dispararon cuando los productores no pudieron satisfacer la demanda. Más tarde, se conectaron más productores y el estado estaba sobreabastecido.
Durante la reunión del martes pasado, Garza también advirtió al Social Equity Council que la disponibilidad de asistencia técnica y legal, así como el acceso a capital financiero, pueden darles a los solicitantes de negocios ya ricos una ventaja en la nueva industria.
Instó a Connecticut a considerar respaldar préstamos para solicitantes en comunidades afectadas y garantizar que esos posibles propietarios de negocios tengan acceso a asistencia técnica para navegar por los complicados procesos de solicitud.
