NUEVA YORK.- La gobernadora Kathy Hochul promulgó una nueva moratoria sobre los desalojos residenciales y comerciales relacionados con el COVID-19 para el estado de Nueva York, que estará en vigencia hasta el 15 de enero de 2022.
Según la nueva ley, todas las protecciones de la Tenant Safe Harbor Act para los inquilinos que estén sufriendo dificultades económicas como resultado de la pandemia permanecerán en su lugar, junto con nuevas protecciones sobre los desalojos comerciales.
“La pandemia ha creado una ansiedad inimaginable para las familias y los dueños de negocios que han perdido ingresos y luchan por pagar el alquiler todos los meses”, declaró Hochul.
“Para ayudar a remediar las despiadadas decisiones de la Corte Suprema que anulan las moratorias de desalojos de la administración de Nueva York y del presidente Joe Biden, estamos promulgando una nueva moratoria sobre los desalojos residenciales y comerciales y extendiendo las protecciones de la Tenant Safe Harbor Act hasta el 15 de enero, con el fin de aliviar la crisis que enfrentan los neoyorquinos vulnerables que están sufriendo sin tener la culpa”.
Hochul instó a los neoyorquinos que luchan por pagar el alquiler a solicitar asistencia a través del New York State Emergency Rental Assistance Program (ERAP). Los solicitantes de este programa están automáticamente protegidos contra el desalojo mientras su solicitud esté pendiente y recibirán un año de protección contra el desalojo si califican para recibir asistencia. La solicitud disponible en la web https://otda.ny.gov/programs/emergency-rental-assistance/.
Al 31 de agosto, se han comprometido o distribuido más de 1.2 mil millones de dólares en fondos a través de ERAP, incluidos más de 300 millones en pagos directos a más de 23 mil propietarios, destacó la Gobernadora.
La nueva ley permitirá que cualquier persona que resida en una localidad que haya optado por no participar en el programa del Estado administre su propio programa de asistencia para el alquiler y se postule al programa estatal cuando se agoten los fondos locales.
Las personas que solicitan directamente sus programas locales ahora también se beneficiarán automáticamente de las protecciones de desalojo más amplias del Estado.
La ley también crea un fondo de 25 millones de dólares para brindar servicios legales a inquilinos que enfrentan procesos de desalojo y para ayudarlos a mantener la estabilidad de la vivienda en áreas del Estado donde el acceso a asistencia legal gratuita para tales servicios no está disponible.
La ley establece un nuevo programa de asistencia de alquiler de emergencia complementario de 250 millones de dólares para brindar servicios a hogares adicionales y brindar un mejor apoyo a los propietarios.
A través de este programa, se pondrán a disposición 125 millones de dólares para brindar asistencia a los hogares con ingresos que superen el 80% del ingreso medio del área (AMI) y hasta el 120% del AMI.
Además, se pondrán a disposición 125 millones de dólares para ayudar a los propietarios cuyos inquilinos se nieguen a participar o hayan desocupado la residencia con atrasos.
Según la moratoria promulgada por Nueva York, los inquilinos deben presentar una declaración de dificultad, o un documento que explique la fuente de la dificultad, para evitar que el proceso de desalojo siga adelante.
Los propietarios que crean que su inquilino no ha sufrido dificultades económicas ahora podrán solicitar una audiencia en el tribunal.
Los propietarios también pueden desalojar a los inquilinos que están creando peligros para la seguridad o la salud de otros inquilinos, dañando intencionalmente la propiedad y cuando un inquilino no presentó una declaración de dificultad.
