HARTFORD.- Un subcomité de la Comisión de Sentencias del Estado está trabajando para crear un proceso que permita eliminar a ciertas personas del registro público de delincuentes sexuales.
Después de al menos dos intentos de reformar la ley con respecto a las personas que han cometido delitos sexuales, el General Assembly’s Incarceration and Collateral Consequences of Criminal Conviction Subcommittee escuchará una presentación esta semana sobre dos propuestas estrechas para crear un camino para que las personas salgan del registro.
Las propuestas están en su infancia y probablemente se modificarán varias veces antes de que se presenten a toda la comisión, manifestó Alex Tsarkov, director ejecutivo de la Comisión de Sentencias.
“Hemos estado intentando hacer esto durante mucho tiempo. Es un tema difícil de trabajar”, agregó Tsarkov.
Es un problema de seguridad que se está desarrollando como un problema político, comentó Amber Vlangas, directora ejecutiva de Restorative Action Alliance, que aboga por las víctimas de violencia sexual y aquellos que han sido objeto de “violencia estatal” a través de políticas de libertad condicional y libertad condicional después de la condena.
“Creemos que esto perpetúa el ciclo de violencia”, señaló Vlangas sobre los registros de delincuentes sexuales.
Los registros crean vergüenza, aislamiento e incapacidad para que las personas satisfagan sus necesidades económicas, lo que a su vez genera inestabilidad y una mayor posibilidad de reincidencia, explicó Vlangas.
“¿Qué va a hacer que la gente esté segura? Solamente la estabilidad. Apoyamos plenamente la posibilidad de proporcionar un camino fuera de los registros”, precisó Vlangas, quien es víctima de agresión sexual militar y está casada con alguien que está en el registro de Connecticut.
Pero también dijo que le gustaría ver el producto final antes de apoyar las últimas propuestas.
Según el borrador de las propuestas que se presentarán al subcomité esta semana, los inscritos podrán solicitar al Tribunal Superior que se elimine del registro público después de 10 años.
El tribunal celebraría una audiencia para que las víctimas y los fiscales proporcionen información y el solicitante de registro tendría que demostrar que cumplió con todos los requisitos de su libertad condicional o tratamiento durante su tiempo en el registro.
Esta opción permitiría que las personas busquen ser trasladadas del registro público al registro de aplicación de la ley, al que solo pueden acceder la policía y otros funcionarios de justicia penal.
El registrante y el Fiscal del Estado tendrían derecho a apelar la decisión del tribunal.
La propuesta también ampliaría la autoridad del tribunal para eximir los requisitos de registro para las personas condenadas por delitos menores, según el borrador del documento.
Una segunda propuesta permitiría a las personas que tenían derechos adquiridos en el registro cuando se creó en 1998 solicitar una audiencia para ser eliminado. Este grupo de personas se incluyó automáticamente en el registro a pesar de que cuando fueron condenados o se declararon culpables, no existía.
También permitiría a aquellos que fueron incluidos en el registro después de junio de 2022 solicitar la eliminación. Pero como está escrito ahora, excluye a las personas inscritas en el registro entre 1998 y el próximo año de buscar la remoción.
