HARTFORD.- Después del segundo tiroteo masivo de esta semana en los Estados Unidos, un grupo de seguridad de armas de Connecticut espera que el Estado lleve sus leyes de armas actuales un paso más allá y espera que el Congreso promulgue una legislación más fuerte a nivel nacional.
La semana pasada en el Congreso, los legisladores de Connecticut y Maryland presentaron la Handgun Purchaser Licensing Act, que establecería un programa de subvenciones federales, para motivar a los gobiernos estatales y locales a crear leyes de permisos para comprar armas de fuego.
Jeremy Stein, director ejecutivo de CT Against Gun Violence, dijo que una ley estatal de hace 10 años ha reducido los homicidios con armas de fuego en un 40% y cree que es hora de expandirla a nivel nacional.
“Aproximadamente el 50% de las armas utilizadas en delitos provienen de estados con leyes de armas débiles, estados sin verificación de antecedentes universales, que no tienen leyes de permisos de compra”, afirmó Stein.
“Son estados que no tienen requisitos de capacitación, que permiten ‘armas fantasma’ caseras, armas no registradas, sin licencia, imposibles de rastrear para vender y eso debe cambiar”, agregó el directivo.
El mes pasado, la Cámara de los Estados Unidos aprobó dos proyectos de ley, la House Resolution 8 y la House Resolution 1446, para ampliar la verificación de antecedentes sobre la venta de armas de fuego.
Sin embargo, Stein no está seguro de si se aprobarán, ya que las preocupaciones de la Segunda Enmienda se han citado en el Senado de los Estados Unidos durante años como razones para no aprobar leyes de armas más estrictas.
La Asamblea de Connecticut está considerando un proyecto de ley para fortalecer la ley existente sobre las órdenes de protección contra riesgos u órdenes judiciales, que podrían quitar las armas de fuego a personas en riesgo de lastimarse a sí mismas o a otras personas.
Stein señaló que incluye facilitar el proceso para obtener una orden de protección contra riesgos.
“Busca expandir quién puede solicitar este tipo de órdenes, para asegurarse de que los familiares, médicos y proveedores de salud mental también puedan solicitar a un tribunal que obtenga una orden, sin la necesidad de involucrar a la policía”, explicó Stein.
La ley de orden de protección de riesgos de Connecticut fue la primera de su tipo en la nación, promulgada después del tiroteo masivo de la Connecticut Lottery de 1998.
Stein agregó que la prevención de tiroteos masivos sigue siendo una prioridad máxima, pero abordar la violencia comunitaria diaria también está a la vanguardia.
Su grupo apoya un proyecto de ley para financiar programas comunitarios de prevención de la violencia.
“Connecticut debería seguir a California, Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts, para formar un mejor plan general sobre cómo finalmente podemos terminar con la violencia armada en Connecticut”, argumentó Stein, quien agregó que “y enfocarnos en lugares como New Haven, Bridgeport, Hartford, Waterbury, donde la violencia armada es más frecuente y que afecta principalmente a las comunidades afroamericanas e hispanas”.
Según el Center for American Progress, solo el 10% de la población de Connecticut es afroamericana, pero más de la mitad de las víctimas de homicidio con armas de fuego en el estado son de dicha etnia.
Ambos proyectos de ley están en el Comité de Seguridad Pública de la Legislatura.
