HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont, miembros de la delegación del Congreso de Connecticut y la comisionada de Vivienda estatal, Seila Mosquera-Bruno, anunciaron el lanzamiento de UniteCT, un nuevo programa para brindar asistencia de alquiler y servicios públicos a los hogares calificados de Connecticut afectados financieramente por el COVID-19.
UniteCT puede proporcionar hasta 10 mil dólares en asistencia de alquiler y hasta mil 500 en pagos atrasados de servicios eléctricos a los propietarios y compañías de servicios públicos en nombre de los inquilinos aprobados.
Los inquilinos y propietarios podrán completar y rastrear solicitudes en línea desde cualquier computadora o teléfono inteligente.
La asistencia estará disponible a través de un centro de llamadas y en agencias de asesoría de vivienda y otros socios comunitarios en todo el Estado.
UniteCT está financiado por la parte de Connecticut de 235 millones de dólares de los 25 mil millones que el Congreso asignó para alquiler de emergencia y asistencia de servicios públicos en el paquete de estímulo de diciembre.
La semana pasada, el Congreso asignó 21.55 mil millones de dólares adicionales para asistencia de alquiler y servicios públicos y 10 mil millones para asistencia al propietario de vivienda, así como 4.5 mil millones para el Low-Income Home Energy Assistance Program, y 500 millones para ayudar a los hogares de bajos ingresos que pagan una alta proporción de sus ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, como parte del American Rescue Plan.
UniteCT se basa en el trabajo anterior del gobernador Ned Lamont y la delegación del Congreso de Connecticut para promover la estabilidad de la vivienda durante la pandemia, que incluye:
– Apoyo a los inquilinos que enfrentan el desalojo antes de la pandemia ($5 millones);
– Reubicación de personas que salieron de la calle sin hogar o estuvieron encarceladas ($5.8 millones);
– Proporcionar asistencia de alquiler temporal a corto plazo ($26.7 millones)
– Disponibilidad de alivio hipotecario para propietarios de viviendas ($10 millones).
– Apoyar a los inquilinos excluidos de la asistencia federal debido a su estado migratorio o el de sus seres queridos ($ millones).
– Proporcionar a los propietarios de viviendas más tiempo para presentar los impuestos sobre la propiedad.
– Trabajar con instituciones financieras locales para proporcionar tolerancia hipotecaria
– Emitir y ampliar una de las moratorias de desalojo más duraderas y duraderas del país. (El Laboratorio de Desalojos de la Universidad de Princeton otorga a Connecticut el tercer puntaje más alto del país por ese trabajo).
UniteCT reúne a las partes interesadas, incluidas las agencias de asesoramiento de vivienda, socios sin fines de lucro, municipios, redes comunitarias establecidas y organizaciones de servicios legales.
La administración de Lamont está proporcionando un millón de dólares de los fondos federales a los Servicios Legales de Connecticut para representar a los hogares calificados en el tribunal de vivienda y está apoyando a los inquilinos indocumentados a través de 4 millones de dólares adicionales en fondos estatales, que son más flexibles que los dólares federales.
El Instituto de Connecticut para Refugiados e Inmigrantes (CIRI), junto con sus socios comunitarios, continuará sirviendo a los inmigrantes indocumentados, muchos de los cuales están ansiosos por interactuar directamente con el gobierno.
