NORWALK.- Los alcaldes de las grandes ciudades de Connecticut están pidiendo al gobernador Ned Lamont y a los líderes legislativos que ayuden a sus electores que luchan por pagar el alquiler mientras están sin trabajo durante la pandemia de coronavirus.
“Muchas personas que trabajan en Connecticut no pueden permitirse el lujo de perder incluso unos pocos días de trabajo”, escribieron los alcaldes de Bridgeport, Hartford, New Haven, Middletown, Norwalk y Stamford a los legisladores, el martes pasado.
“Es probable que nuestras comunidades se vean desproporcionadamente afectadas por el impacto económico del coronavirus y nuestra respuesta al coronavirus, ya que muchos de nuestros residentes trabajan en empleos no asalariados por hora para pagar sus cuentas. Necesitamos asegurarnos de que esas familias no pierdan su vivienda”, agregaron los alcaldes.
Los propietarios obtuvieron un pase de 90 días para las facturas de la hipoteca. Sin embargo, los inquilinos todavía deben alquilar.
La medida se produce una semana después de que el gobernador Ned Lamont anunciara que su administración había acordado que los propietarios en dificultades recibieran una suspensión de 90 días para pagar su hipoteca, pero no ofrecieron asistencia para quienes alquilan.
El alivio hipotecario beneficia desproporcionadamente a los residentes de las comunidades más acomodadas de Connecticut. Por ejemplo, en Fairfield, el 83 por ciento de los residentes eran dueños de sus casas, en comparación con el 24 por ciento en Hartford.
Los ingresos de los inquilinos generalmente son menos de la mitad de los propietarios.
En su carta, la coalición de alcaldes señaló que el Gobernador tiene la autoridad de anular las leyes estatales para ayudar a los inquilinos durante una emergencia de salud pública, y pide a los líderes legislativos que intervengan y adopten sólidas protecciones de vivienda.
Esas protecciones incluyen dar a los inquilinos 90 días después de que termine la emergencia de salud pública para pagar el alquiler perdido, siempre que la mitad de cualquier monto adeudado se devuelva dentro de los primeros 30 días de cuando finaliza la emergencia.
Los alcaldes también quieren que el Estado otorgue a los inquilinos que paguen parcialmente la renta atrasada dentro de los 30 días posteriores a la finalización de la emergencia, otros 60 días para ponerse al día con la renta y conservar su vivienda.
Además, quieren solidificar en la ley estatal las protecciones de desalojo que Lamont ordenó el mes pasado para futuras emergencias de salud pública.
Los alcaldes escribieron que esto ayudará a asegurar que “ninguno de nuestros vecinos sea desalojado solo porque no pueden trabajar durante una emergencia de salud pública, mientras se aseguran de que los propietarios puedan cobrar el alquiler completo una vez que la emergencia haya terminado. Mantener a las personas en sus hogares es lo correcto, desde una perspectiva de salud pública y desde una perspectiva humanitaria”.
El Gobernador y el Poder Judicial ya han ordenado a los jueces que no emitan ningún desalojo de inquilinos, pero eso no ha impedido que los propietarios presenten la documentación para que los jueces escuchen su caso cuando los tribunales vuelvan a abrir.
Durante los primeros 14 días que los tribunales dejaron de escuchar estas solicitudes de desalojo, 516 familias han presentado demandas en su contra, según muestran las presentaciones judiciales, finalizaron las autoridades.
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