NORWALK – Karoll Angelina Jurado-Hernández se presentó en la Corte Superior del Estado en esta ciudad, poco antes de las 10:00 de la mañana, el 26 de febrero pasado.
De acuerdo con el informe, antes de su comparecencia ante el tribunal, la ex propietaria del salón de belleza Khronos de Norwalk había estado bajo arresto domiciliario y debía presentar una declaración de cargos de asalto sexual en segundo grado y riesgo de lesiones a un niño, ambos delitos graves, después de ser acusada de agredir sexualmente a un adolescente en su negocio de la Westport Avenue.
Jurado-Hernández, de 46 años, fue recibida por su abogado, Alex Martínez, cuando llegó al juzgado y esperó en el vestíbulo del edificio a que se abriera la sala, sin embargo, ella nunca logró entrar.
Según relataron testigos, alrededor de las 10:15 de la mañana, varios hombres en jeans y sudaderas se acercaron a Jurado-Hernández, la esposaron y, a pesar de las protestas de su abogado, la llevaron rápidamente por la puerta trasera del tribunal y la subieron a un Subaru negro.
Los hombres que arrestaron a la inmigrante declinaron identificarse a sí mismos o su agencia en la escena. Una fuente con conocimiento del incidente luego confirmó que eran agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).
Tales incidentes se han vuelto comunes en los tribunales y los casos han aumentado este año, señalaron varios activistas y abogados de derechos de los inmigrantes, ya que los agentes del ICE están inclinados a usar el sistema judicial para atrapar a los inmigrantes porque es más conveniente y público.
Los agentes federales necesitan una orden judicial para ingresar a la casa de un indocumentado, por tal razón deciden mejor arrestar a los inmigrantes en las cortes sin ser detectados y solamente esperando a su objetivo, agregaron los defensores.
“ICE puede operar como mejor les parezca en su búsqueda de personas que consideran prioritarias para la detención, y posible expulsión de los Estados Unidos. ICE tiene sus propios medios y medidas que utiliza para localizar y detener a las personas”, declaró la abogada de inmigración, Alicia Kinsman.
A pesar de la reciente legislación estatal que limita la medida en que los funcionarios judiciales y las fuerzas del orden deben cooperar con el ICE, los agentes federales permanecen en los tribunales de Connecticut a diario. Su presencia ha sido fuente de gran debate entre los activistas, el Poder Judicial del Estado y la agencia federal, expresaron los defensores.
Por su parte, Megan Fountain, organizadora del grupo de derechos de los inmigrantes Unidad Latina en Acción (ULA), precisó que “el gran problema es que el ICE está interrumpiendo el proceso judicial. Están utilizando el palacio de justicia como un lugar de caza y están arrestando a las personas antes de que tengan su día en la corte”.
Grupos como ULA y Connecticut Immigrant Rights Alliance (CIRA) han alegado que los alguaciles judiciales estatales trabajan con los agentes de ICE, en violación de la Trust Act del Estado.
La ley se actualizó para limitar la cooperación entre los dos grupos en octubre pasado y, entre otros cambios, la legislación prohíbe a los funcionarios judiciales cumplir con las solicitudes del ICE para detener a las personas en su nombre, excepto en circunstancias especiales.
Activistas de ULA y CIRA han instado a los legisladores y al poder judicial a prevenir o mitigar aún más la presencia del ICE en los tribunales.
