WASHINGTON DC.- Para identificar a las personas de las que sospeche hayan hecho trampa para conseguir su naturalización y cancelarla si así fuese necesario, la agencia gubernamental de los Estados Unidos encargada de las solicitudes de inmigración decidió abrir una oficina para tal fin.
La agencia ha contratado a decenas de abogados y agentes de inmigración para revisar los casos de inmigrantes que tenían orden de deportación y presuntamente utilizaron identidades falsas para conseguir después tarjetas de residencia y la ciudadanía mediante la naturalización, expresó el director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Francis Cissna.
De acuerdo con el USCIS, los casos serán remitidos al Departamento de Justicia, cuyos fiscales podrían después intentar que se revoque la ciudadanía a esos inmigrantes en procesos civiles.
De igual manera, en varios de los casos, los fiscales podrían presentar cargos penales relacionados con fraude.
De acuerdo con el informe, hasta ahora, USCIS ha llevado a la justicia los casos que surgen, pero no mediante un esfuerzo coordinado.
Cissna expresó que espera que la nueva oficina del USCIS en Los Ángeles esté en funcionamiento el año entrante, pero señaló que investigar y remitir casos para llevarlos a juicio quizá tarde más por lo complejo de los casos.
El funcionario no reveló cual puede ser el costo de la nueva medida, pero señaló que será cubierto por el actual presupuesto del USCIS, cuyo financiamiento proviene de las tarifas que se cobran en las solicitudes de inmigración.
Esta nueva política llega cuando el gobierno del presidente Donald Trump se encuentra combatiendo la inmigración ilegal y adopta medidas para reducir la inmigración legal.
Según el reporte, los inmigrantes que adquieren la ciudadanía estadounidense pueden votar, ser jurados y obtener acreditaciones de seguridad.
El USCIS indicó que los casos en que se cancela la ciudadanía ocurren muy raramente.
El gobierno federal comenzó a examinar posibles casos de naturalización fraudulenta hace una década, cuando un agente fronterizo detectó que unas 200 personas habían utilizado identidades diferentes para conseguir tarjetas de residencia y ciudadanía después de que se emitieran órdenes de deportación en su contra.
