HARTFORD – El representante Robert Sampson, republicano de Wolcott, propuso una enmienda a una ley de inmigración para redefinir y forzar una nueva votación sobre la CT TRUST Act.
El congresista propuso que la policía retenga a los inmigrantes indocumentados y los entregue a los funcionarios de inmigración hayan cometido o no crímenes serios.
En la Cámara de Representantes, el republicano señaló que el proyecto no concuerda con la ley federal, que tiene jurisdicción sobre la inmigración.
“Creo que deberíamos dejar que el gobierno federal haga su trabajo y deshacerse de estas personas”, gritó Sampson, refiriéndose a las pandillas MS-13 y otros “extranjeros indocumentados criminales”.
La CT TRUST Act fue aprobada por unanimidad en 2013, y el propio Sampson votó a favor.
Los demócratas se mostraron indignados y se opusieron al esfuerzo de Sampson para ahora desmantelar la ley.
El representante William Tong (D-Stamford), presidente del Comité Judicial, señaló que la CT TRUST Act tiene excepciones que permiten a la policía local retener a los inmigrantes indocumentados condenados por delitos graves, identificar a los pandilleros y terroristas y a otros delincuentes graves.
Llamó a la enmienda que quiere implementar Sampson como un golpe a la ley y dijo que eso haría las ciudades menos seguras.
Después de más de una hora de debate, la enmienda fue rechazada por votación con 85 miembros, todos demócratas y algunos republicanos, a favor de mantener la actual CT TRUST Act, y 62 republicanos emitieron votos para aprobar los cambios. Tres miembros no votaron.
El viceministro de prensa del Gobernador, Jason Novak, criticó a Sampson por sus “comentarios atroces y engañosos”.
“Francamente, es vergonzoso que 62 republicanos de la Cámara de Representantes votaron en contra de la legislación que pasó de manera bipartidista y unánime hace unos pocos años”, lamentó Novak.
Sampson defendió sus acciones y apuntó que “no abordar este problema es extremadamente injusto para las personas que ingresan legalmente a este país y obedecen la ley. Esta práctica socava nuestro sistema de justicia penal, hace que nuestras comunidades sean menos seguras y perpetúa una cultura de anarquía que no beneficia a nadie”.
