HARTFORD.- Aracely Morales, una inmigrante centroamericana de 43 años, llegó a Connecticut hace 21 años. Trabaja cosechando brócoli y repollo en un pueblo cerca de Hartford.
Comentó que ella y sus compañeros trabajan en cualquier condición, incluso con lluvia y frío.
“La mayoría de nosotros estamos aquí por una gran necesidad”, declaró la inmigrante.
Morales es miembro de la organización Make the Road CT, una de las varias organizaciones que se reunieron en el Capitolio antes de una audiencia pública donde los legisladores considerarían dos propuestas sobre cómo Connecticut debería colaborar con las autoridades federales de inmigración.
Morales declaró que, aunque no tiene documentación, no le preocupan las recientes medidas represivas federales contra los inmigrantes no autorizados en el país.
“La verdad es que no tengo miedo, porque vinimos aquí a trabajar. No vinimos a robarle a este país”, dijo la hispana.
En 2013, Connecticut estableció las directrices sobre cuándo las fuerzas del orden locales y estatales podían colaborar con los agentes federales del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) en el arresto y la detención de inmigrantes indocumentados.
Esta ley se conoce como la Trust Act. La ley vigente que rige la política de control migratorio de Connecticut, prohíbe a las autoridades locales y estatales arrestar a alguien únicamente con base en una orden de detención (una solicitud del ICE para que la policía retenga a una persona hasta 48 horas para que los agentes federales puedan detenerla).
Hay algunas excepciones. Los funcionarios locales de las fuerzas del orden y de prisiones de Connecticut pueden acceder a una solicitud de detención federal si el ICE presenta una orden judicial, si la persona está en una lista de vigilancia terrorista o si la persona bajo su custodia ha sido condenada o se ha declarado culpable de un delito grave de clase A o B, como asesinato, agresión sexual, secuestro, robo y homicidio en primer grado.
Un proyecto de ley actual, propuesto por los republicanos, ampliaría esas excepciones para incluir los delitos graves de clase C y los delitos de violencia doméstica. Los delitos graves de clase C incluyen el homicidio involuntario en segundo grado, incluso como resultado de conducir ebrio, la agresión sexual en segundo grado, la incitación a un menor y la agresión a un trabajador de seguridad pública o de salud.
Además, permitiría a las fuerzas del orden detener a inmigrantes acusados de alguno de estos delitos “con causa probable”, en lugar de requerir una condena.
Por el contrario, el proyecto de ley apoyado por los demócratas prohibiría a las agencias públicas compartir información sobre el domicilio de una persona, su lugar de trabajo, su escuela o “la fecha, hora o lugar de las audiencias, procedimientos o citas de una persona con la agencia pública”.
En 2025, los activistas quieren reforzar la ley. El nuevo proyecto de ley prohibiría a las agencias públicas compartir una lista de información aún más restringida con el ICE. También desean una enmienda para responsabilizar a las fuerzas del orden por violar el proyecto de ley.
“Fortalecer la Trust Act no se trata solo de proteger a los inmigrantes, sino también de proteger los valores de Connecticut”, expresó Tabitha Sookdeo, directora ejecutiva de la organización CT Student for a Dream (C4D).
“Se trata de garantizar que todas las personas en este estado, independientemente de su estatus migratorio, se sientan seguras para llamar a la policía si necesitan ayuda, para ir a un hospital, para ir a la escuela y para participar en la comunidad sin temor a la deportación”.
Algunos legisladores también se manifestaron a favor de una Trust Act más sólida ante la audiencia en el Comité Judicial de la Asamblea General.
El representante estatal Matt Blumenthal, demócrata por Stamford, afirmó durante la audiencia que fortalecer la Trust Act es necesario para que los inmigrantes puedan enviar a sus hijos a la escuela, operar sus negocios y colaborar con la policía local en un momento en que la política migratoria del gobierno federal es “fundamentalmente cruel y estúpida”.
Por el contrario, quienes se manifestaron a favor de aumentar la colaboración estatal con el ICE expresaron su temor a que la laxitud de las normas permitiera que algunos de los peores delincuentes quedaran libres. Algunos señalaron que los inmigrantes no autorizados estaban imponiendo costos excesivos a los distritos escolares y municipios, y otros señalaron que el dinero de los contribuyentes no debería destinarse a servicios para estos inmigrantes.
