Los jóvenes indocumentados califican la cancelación del alivio migratorio como inmoral y exigen al Congreso que actúe para mantener a las familias unidas
STAMFORD.- Siguiendo un patrón de cancelación para el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los países centroamericanos y caribeños, la Administración del Presidente Donald Trump decidió terminar esta semana el alivio migratorio para El Salvador.
La Administración no renovará el Estatus de Protección Temporal que ha permitido a los salvadoreños permanecer en los Estados Unidos durante más de una década y media.
La mayoría de los salvadoreños han residido en los Estados Unidos legalmente desde 2001. Ahora tienen 18 meses para abandonar el país (hasta septiembre de 2019) o enfrentar la deportación.
Cerca de 250 mil salvadoreños están protegidos por el TPS, la población más grande de TPS en los Estados Unidos.
Lucas Codognolla, director ejecutivo de la organización Connecticut Students for a Dream (C4D), afirmó “para nosotros es claro que la política de inmigración de esta Administración está dirigida por un solo objetivo racista: la expulsión de millones de personas de este país. Con su decisión de poner fin al TPS para otro grupo de inmigrantes, matar el programa Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y lanzar barricadas (barreras) frente al Dream Act, está claro que lo único que Trump y sus asesores antiinmigrantes quieren es dividir a las familias y empujar a los inmigrantes a las sombras, a los campos de detención y fuera del país”.
Codognolla agregó que “la terminación del TPS es una prueba más de su deportación masiva, agenda de supremacía blanca. Este anuncio marca un comienzo devastador para el nuevo año, ya que 250 mil familias estarán separadas de sus hogares después de 17 años”.
El joven inmigrante manifestó que “El Salvador es un país con pobreza generalizada y violencia de las pandillas. Es inmoral, cruel y sin corazón devolver 250 mil personas a un país que no puede recibirlos. Su expulsión forzosa de sus hogares será devastador para ellos, sus empleadores, sus vecinos y sus familias, separando a las familias y cortando los lazos comunitarios que se han construido durante más de 17 años”.
La medida obligará a los salvadoreños, que han estado en los Estados Unidos desde al menos 2001, a obtener un estatus legal diferente en los Estados Unidos o abandonar el país el 9 de septiembre de 2019.
El TPS fue otorgado a El Salvador en 2001 después de que dos terremotos devastaron el país.
El Gobierno permitió que cientos de miles de refugiados de la guerra civil salvadoreña que se encontraban en los Estados Unidos legal o ilegalmente permanezcan y trabajen en Estados Unidos.
La decisión sobre renovar o cancelar las designaciones de TPS la tomó la Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, con la colaboración del Departamento de Estado.
Altos funcionarios de la Administración dijeron que un “proceso de revisión interinstitucional” consideró en la decisión las condiciones en El Salvador y su capacidad para recuperar a sus ciudadanos.
De acuerdo con varios informes, El Salvador es uno de los países más peligrosos del mundo, sede de la violencia persistente basada en pandillas a pesar de los esfuerzos del Gobierno para sofocar a grupos criminales como la MS-13.
Además, es uno de los países más pobres del hemisferio, con un PIB per cápita de alrededor de 4 mil 200 dólares, a pesar del crecimiento constante desde la década de 1990.
Los beneficios del TPS se otorgan a los ciudadanos extranjeros que residen en los Estados Unidos, cuyos países de origen sufren devastadores desastres naturales o provocados por el hombre, lo que hace que el regreso sea peligroso o insostenible.
Las administraciones demócratas y republicanas anteriores renovaron rutinariamente las designaciones de países TPS para el período máximo de 18 meses, sobre la base de una evaluación integral de la capacidad de los países para reabsorber a sus emigrantes.
Bajo la Administración del presidente Donald Trump, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) adoptó una interpretación más estricta del estatuto del TPS, donde solo se tienen en cuenta las condiciones directamente relacionadas con el desastre original, en el caso de El Salvador, los dos terremotos.
Se han cancelado otras designaciones de TPS para la renovación bajo Trump, incluso para Sudán, Haití y Nicaragua. La antigua secretaria del DHS, Elaine Duke, permitió que la designación hondureña se renovara automáticamente por un mínimo de seis meses.
“El Congreso debe actuar sobre una solución más permanente para TPS para que las familias puedan permanecer juntas y nuestra nación pueda vivir de verdad a la altura de sus valores. Continuaremos organizando nuestra comunidad para exigir que nuestras familias dejen de separarse”, finalizó Codognolla.
