
STAMFORD.- Funcionarios federales de inmigración otorgaron esta semana un aplazamiento de seis meses a un inmigrante de Connecticut que enfrenta la deportación, una medida que según sus partidarios no será lo suficientemente larga como para permitirle someterse a un trasplante de riñón programado.
Decenas de personas, incluido el gobernador Dannel Malloy, se manifestaron frente a la oficina de la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), en Hartford, en apoyo al inmigrante Nelson Rosales Santos, de 49 años, quien debía ser deportado a Honduras el lunes pasado, a pesar de sufrir insuficiencia renal avanzada.
Algunos portaban carteles que decían: “¿Dónde está nuestra humanidad?” Y “Dejen de separar a las familias”.
Santos recibió la suspensión de la deportación de los funcionarios de ICE unas horas antes de la manifestación.
Malloy declaró en la manifestación que “nuestro presidente y el fiscal general nos dijeron que solo irían en busca de los hombres malos. Bueno, él no es un hombre malo, es un trabajador que busca sacar adelante a su familia”.
Su familia y seguidores indicaron que Santos ingresó ilegalmente al país, pero que ha vivido en Stamford por 30 años, está casado con una ciudadana estadounidense y tiene tres hijos, de 19, 14 y 11 años, todos nacidos en los Estados Unidos.
Además, tiene diabetes, presión arterial alta e insuficiencia renal, que requieren de diálisis cada dos días.
Si Santos se ve obligado a regresar a Honduras, un país que no ha visto en tres décadas, no tendría acceso inmediato a la diálisis y probablemente estaría muerto en una semana, señaló su abogado, Glenn Formica.
“No quiero morir. Mis hijos y mi esposa me necesitan”, expresó el inmigrante.
Los funcionarios federales de inmigración no hicieron comentarios inmediatos sobre la situación de Santos, solo notificaron que la suspensión de la deportación por seis meses.
Santos trabaja como chef y rutinariamente ha recibido exenciones que le permiten permanecer en los Estados Unidos, comentaron sus seguidores.
Su esposa ha solicitado a los funcionarios de inmigración permitir que su esposo sea considerado para residente permanente, pero debido a su orden de deportación, le dijeron que debía abandonar el país durante ese proceso, explicó Catalina Horak, quien trabaja en nombre de Santos con el centro de apoyo a los inmigrantes, Building One Community (B1C).
Formica Precisó que estaba presentando dos solicitudes por separado para retrasar la deportación de Santos.
La primera, antes de las apelaciones federales de la Junta de Inmigración, argumenta que la orden de deportación original era defectuosa.
La segundo, antes de la intervención del ICE, solicita la suspensión humanitaria de la deportación para permitirle a Santos recibir un riñón nuevo.
El abogado comentó que buscará extender esa estadía a por lo menos 12 meses.
Santos, quien tiene un seguro médico privado a través de su esposa, tenía una fecha de cirugía programada para fines de este mes, pero los médicos le dijeron que no realizarían el procedimiento hasta que reciban garantías de que estará disponible para 12 meses de visitas de seguimiento y tratamiento, añadió Horak.
Santos está dispuesto a abandonar el país según lo requerido mientras espera su Green card o tarjeta verde, pero no puede hacerlo hasta que se resuelva su situación médica, expuso Horak.
“Él trabaja, tiene seguro y tiene un donante privado. “No está haciendo esto con la moneda de nadie más. Tiene una vía para legalizar su situación. Eso es lo que hace que este caso sea tan convincente a su favor”, indicó la directora de B1C.
Santos agradeció a sus seguidores en la manifestación y envió un mensaje al presidente Donald Trump.
“Intenta y sé amable con la gente”, finalizó el inmigrante.